Entre la parálisis institucional y la urgencia de la memoria: el Comité contra la Tortura de Salta se enfrenta a un vacío de poder por la falta de convocatoria a concurso del Estado. A través de las tesis de la investigadora Gladys Loys sobre la identidad política y el reconocimiento, analizamos por qué este conflicto administrativo es, en realidad, una disputa ética por la autonomía de los derechos humanos y un dique de contención necesario frente a la avanzada de lógicas autoritarias.
Por Fernando Pequeño
Ragone
con Gemini 3.0 [1]
En la provincia de Salta, una institución clave para la
dignidad humana está en riesgo de quedar paralizada. El Comité para la
Prevención de la Tortura, el órgano encargado de vigilar que nadie sufra
tratos inhumanos en cárceles y comisarías, se enfrenta a un vacío peligroso: el
Estado provincial aún no ha convocado al concurso obligatorio para renovar a
los representantes de las organizaciones de derechos humanos.
¿Es esto un simple retraso administrativo o un síntoma de
algo más profundo? Para entenderlo, debemos mirar más allá de los expedientes y
recurrir al pensamiento de quienes han estudiado cómo se construye la identidad
y la resistencia política en nuestro país.
¿Quién es Gladys Loys [2]
y por qué sus tesis son vitales hoy?
Gladys Loys es una reconocida académica, filósofa e
investigadora argentina radicada en la ciudad de Santigo del Estero, que ha
dedicado su vida a estudiar la memoria y la subjetividad de quienes sufrieron
la represión estatal. En su artículo "Identidad política: las acciones
por reconocimiento y las políticas de reparación en la constitución del sujeto.
Ex preso/a político/a, argentino/a" (publicado en la Memoria del XI
Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos), Loys
plantea tres tesis que hoy cobran una vigencia alarmante:
- El
Sujeto Político se forja en la Resistencia: La identidad del ex preso
(y por extensión, de los organismos de DD.HH.) no es pasiva; nace de
resistir la deshumanización del Estado.
- El
Reconocimiento es Reparación: Para que una democracia sane, el Estado
debe reconocer simbólicamente a estos sujetos y su lucha, no solo con
dinero, sino con espacios de participación.
- La
Identidad como Freno a la Crueldad: Las organizaciones de DD.HH.
actúan como un tejido social que impide que el Estado caiga de nuevo en
prácticas autoritarias o "pedagogías de la crueldad".
El conflicto del concurso: Entre la burocracia y la
parálisis
El problema actual es concreto: los mandatos de los
representantes sociales en el Comité están venciendo. Sin un llamado a concurso
por parte del Gobierno (a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia), el
Comité podría quedarse sin quórum.
Esto significa que el monitoreo de las cárceles podría
detenerse. En un contexto donde las comisarías del interior ya reportan
situaciones críticas, la falta de control externo es una invitación a la
arbitrariedad. Según los documentos recientes, existe una tensión creciente:
por un lado, la necesidad de que el Estado cumpla con las leyes de
transparencia y, por otro, un debate ético interno en las organizaciones sobre
cómo evitar ser "cooptadas" por la burocracia estatal.
El riesgo de un Estado que "olvida"
Aplicando las tesis de Loys, la falta de concurso puede
leerse como un retiro del reconocimiento estatal. Si el Estado ignora
los tiempos legales para que los organismos participen, está intentando
"desactivar" al sujeto político que vigila.
Cuando el diálogo se rompe y las designaciones se dilatan,
el Estado deja de ver a los organismos como aliados en la calidad democrática
para verlos como un estorbo administrativo. Esto es especialmente grave cuando
percibimos discursos que intentan minimizar la importancia de los derechos
humanos, acercándose peligrosamente a lógicas autoritarias que creíamos
superadas.
Conclusión: ¿Qué deben y pueden hacer las organizaciones?
Ante este escenario, la respuesta de las organizaciones de
derechos humanos no puede ser el silencio ni la mera espera burocrática.
Basándonos en el mérito de las construcciones identitarias que propone Loys,
las organizaciones deben:
- Recuperar
la Autonomía: El debate ético entre figuras como Elena Eloísa Rivero y
Fernando Pequeño pone de manifiesto que la fuerza de los organismos radica
en su independencia. No se trata solo de "ganar un cargo", sino
de asegurar que quien ocupe ese lugar no sea un funcionario más, sino un
representante de la memoria viva.
- Exigir
la Transparencia como Acto Político: El concurso no es un favor del
Gobierno; es una obligación institucional. Las organizaciones deben
presionar públicamente para que la selección sea abierta, técnica y ética,
evitando las reelecciones "a dedo" que desgastan la legitimidad
del Comité.
- Fortalecer
el Lazo Social: En un momento de posible deriva autoritaria, la
identidad de familiares de presos y exiliados debe servir para recordar a
la sociedad que la tortura no es un error del pasado, sino un riesgo
presente si el control ciudadano desaparece.
La defensa de la democracia se juega hoy en los detalles
de una convocatoria a concurso. Si permitimos que las instituciones de
control se vacíen, estaremos permitiendo que la "pedagogía de la
crueldad" gane terreno. Es hora de que el Estado salteño reconozca, cumpla
y respete los espacios que la sociedad civil conquistó para decir, una vez más:
Nunca Más.
[1]
Orden: (Gemini) Construye un ensayo de divulgación en blog para un público
general, sobre este problema. Amplia el contexto del concurso e introduce
inicialmente las tres tesis de Loys con mención a quien es ella. Cita el texto
en el que se encuentra su publicación. Desarrolla una conclusión meritando qué
deben y pueden hacer las organizaciones de derechos humanos en este contexto.
[2]
Testimonial de Gladys Loys (Jun 2014). https://youtu.be/nMzOfMlElOY?si=EZewyOHrwrO_Zimn
Militante estudiantil durante sus estudios secundarios y universitarios. El 2
de febrero de 1975 fue detenida en la puerta de su casa, junto a su esposo,
estando embarazada. Su hijo nació en la cárcel el 20 de febrero y permaneció
con su madre hasta noviembre de 1975. Tras ser detenida, Gladys fue llevada a
las dependencias del Departamento de Informaciones de la Policía (SIDE, DIP o
D-2). Luego, pasó a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y
fue trasladada al penal de mujeres de Santiago del Estero, donde permaneció dos
años, momento en el que fue llevada a la cárcel de Devoto, donde estuvo hasta
que fue liberada el 30 de abril de 1982. Salió bajo el régimen de libertad
vigilada, que permaneció hasta fines de 1982. En 1985 retornó a Santiago del
Estero y terminó la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Santiago
del Estero (UNSE). Desde la década del ochenta, trabaja como docente. Gladys es
integrante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del
Estero y fue querellante y declaró en la Megacausa de Santiago del Estero. En
la actualidad, continúa ejerciendo la docencia y participa de la Cátedra Libre
de Derechos Humanos en la UNSE.
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