¿Quién vigila a quien vigila? A cerca de la capacidad de autoconvocarse del Consejo Consultivo del Comité para la Tortura

A cerca de la capacidad de autoconvocarse del Consejo Consultivo del Comité para la Tortura. ¿Quién vigila a quien vigila? Esta pregunta define la actual tensión por la autonomía del Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta (CCCPTS). Lo que aparenta ser un debate reglamentario es, en realidad, una disputa contra una cultura política verticalista que busca subordinar el control ciudadano a la burocracia estatal. Restringir la capacidad de autoconvocatoria del Consejo silencia a la sociedad civil y perpetúa la "endogamia institucional" donde el Estado tiende a absolverse a sí mismo. En un contexto marcado por graves hallazgos de tortura y abandono judicial en regiones como Anta, la independencia funcional y financiera deja de ser un tecnicismo para convertirse en una garantía de vida para los detenidos. Frente al pragmatismo que vacía de contenido la prevención, se sostiene que la autarquía no es una concesión del poder, sino un derecho que debe ejercerse para asegurar una supervisión civil efectiva y soberana.

Salta, 29 de julio de 2026

¿Quién vigila a quien vigila?

La autonomía del Consejo Consultivo y la trampa de la obediencia institucional

Ensayo de divulgación

Una discusión que parece de trámite, y no lo es

Hay debates que a primera vista suenan a letra chica. Uno de ellos es si el Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta (CCCPTS) puede reunirse por sí mismo o si necesita, cada vez, el permiso del propio Comité al que se supone que debe controlar. Dicho así, parece una cuestión de reglamento interno, de esas que solo interesan a quienes redactan actas. No lo es. Es, en realidad, la pregunta más antigua de cualquier sistema de control: ¿quién vigila a quien vigila? Y la respuesta que se dé, aunque venga envuelta en lenguaje jurídico, revela mucho más sobre una cultura política que sobre un artículo de ley.

Sostener que el Consejo solo existe cuando el Comité lo convoca no es un desacuerdo técnico. Es la expresión, con traje institucional, de una forma de entender el poder que Salta conoce bien: una cultura vertical, acostumbrada a que los organismos de control funcionen como sellos de aprobación y no como contrapesos reales.

Sintesis auditiva del texto

Lo que el mundo ya aprendió: la independencia no pide permiso

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), incorporado en la Argentina mediante la Ley Nacional 26.827, no es un capricho de organismos internacionales. Es la respuesta a una constatación dolorosa: cuando el Estado se controla a sí mismo, tiende a absolverse. Por eso el estándar internacional exige que los mecanismos de prevención de la tortura tengan independencia funcional, operativa y financiera, de manera que la sociedad civil pueda entrar a cárceles, comisarías y alcaidías sin pedir permiso ni depender del humor político de turno.

La Ley Provincial 8024, cuando creó el Comité y el Consejo Consultivo, no diseñó una pirámide donde uno manda y el otro obedece. Diseñó dos piezas de un mismo mecanismo, con el Consejo pensado como el espacio donde confluyen las organizaciones sociales, las universidades, los pueblos originarios y cualquiera de los tantísimos sectores vulnerables capaces de organizar las demandas, y los legisladores; precisamente para que el monitoreo de los lugares de encierro no quede en manos de una sola burocracia estatal.

Leer la ley al revés —convertir al Consejo en un invitado que solo habla cuando lo llaman— tiene un costo concreto. Si el Comité entra en crisis, porque el Ejecutivo demora los concursos, porque vencen los mandatos o porque alguien lo captura políticamente, el Consejo quedaría automáticamente mudo. Y un mecanismo de prevención que puede ser silenciado con solo no convocar una reunión no es, en los hechos, un mecanismo de prevención.

Cuando el controlador depende de lo que controla

Esta discusión no ocurre en el aire. Ocurre en una provincia donde la administración pública y el sistema judicial han funcionado, históricamente, con lógicas de familiaridad y de favor. Es lo que en el Informe Anual 2025 del propio Comité se describe como una endogamia institucional: jueces que resuelven irregularidades por vías informales, defensorías oficiales ausentes en los territorios más alejados, y funcionarios que naturalizan los malos tratos en las comisarías apelando a la "falta de recursos" (Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta, 2026).

"Cuando el controlador es designado o regulado de manera exclusiva por el mismo estamento hegemónico que debe auditar, se produce una degradación institucional donde el sistema de prevención se vacía de contenido" (Consejo Consultivo del CCCPTS, 2026).

El caso del departamento de Anta ilustra la magnitud de lo que está en juego. El monitoreo conjunto realizado en la región noreste del departamento —General Pizarro, Las Lajitas y Piquete Cabado— documentó un patrón de violencia física en comisarías y la ausencia efectiva de defensa oficial en el territorio (Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, 2026). La cobertura periodística de esos hallazgos, publicada por Página|12, confirmó públicamente lo que el informe técnico ya señalaba: torturas denunciadas y una defensa oficial que no llega a los lugares donde más se la necesita (Página|12, 2026). Frente a ese cuadro, la pregunta sobre quién convoca al Consejo Consultivo deja de ser un tecnicismo y se vuelve una pregunta sobre la vida de las personas detenidas.

El pragmatismo que termina saliendo caro

Hay un argumento que suena razonable y que, por eso mismo, es el más peligroso: "mejor un comité imperfecto y subordinado que un proceso paralizado por exigir demasiada autonomía". Es la trampa del pragmatismo formalista. Ceder en la independencia para mantener viva la burocracia no salva al sistema; lo vacía por dentro. Produce una pantalla de legitimidad —reuniones, actas, informes— mientras las violaciones a los derechos humanos continúan, sin consecuencias, en los calabozos (Pequeño Ragone, 2026a).

El Habeas Corpus Colectivo Correctivo que el propio Comité Provincial interpuso ante la Corte de Justicia de Salta, en favor de las personas privadas de libertad en dependencias policiales, es un buen recordatorio de que la ley no alcanza si no hay quien la exija activamente (Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta, 2024). La misma lógica sostiene las presentaciones como Amicus Curiae de las organizaciones civiles: instrumentos que solo tienen sentido si quienes los impulsan pueden actuar con autonomía real, y no como convidados de piedra de un proceso que otros controlan (Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, 2024).

Cambiar la mirada: dejar de pensar como funcionario

Hay un riesgo más silencioso, y por eso más difícil de nombrar: que quienes representan a la sociedad civil dentro de estos espacios terminen adoptando, sin darse cuenta, la posición subjetiva del funcionario. Que se acostumbren a los tiempos, a las comodidades y a la lógica burocrática del mismo Estado que deberían interpelar. El encierro no solo daña a quien está detenido; también erosiona, de a poco, a quienes deberían observarlo desde afuera.

Emancipar la mirada significa, en primer lugar, perder el miedo a incomodar al poder. Significa entender que la autarquía no es una gracia que el Poder Ejecutivo concede cuando está de buen humor, sino un derecho conquistado y una obligación constitucional que no se negocia. Cuando un decreto reglamentario avanza sobre los evaluadores externos en nombre de la "austeridad", o cuando se intenta poner al Consejo bajo la tutela administrativa del Comité, la respuesta que corresponde no es el acatamiento silencioso, sino la disputa abierta del sentido de las reglas (Pequeño Ragone, 2026a).

Qué significa, en los hechos, ser autárquico

Traducido a la práctica cotidiana, sostener la autonomía del Consejo Consultivo implica al menos tres cosas concretas. Primero, reafirmar su capacidad de autoconvocarse, fijar su propia agenda pública y denunciar, sin intermediarios, el vaciamiento presupuestario o reglamentario del sistema. Segundo, rechazar el gradualismo complaciente que acepta instituciones débiles y cooptadas a cambio de una paz aparente. Tercero, sostener la porosidad del Estado: recordar, una y otra vez, que la dignidad de las personas privadas de libertad no depende de la buena voluntad de un funcionario, sino de una supervisión civil e independiente, ejercida en el marco del Estado de derecho.

Una autonomía que no se pide, se ejerce

El Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura es autárquico en su esencia política y funcional, porque no nace de una concesión administrativa sino de un mandato social y convencional: el control ciudadano sobre el monopolio de la fuerza que ejerce el Estado. Pretender que ese Consejo necesita autorización para reunirse es, en el fondo, un intento de reproducir dentro del propio sistema de derechos humanos la misma lógica vertical y patriarcal que ese sistema fue creado para desarmar.

La discusión, entonces, no termina en un artículo de la Ley 8024. Empieza ahí. Y su desenlace no depende solo de lo que diga el reglamento, sino de si las organizaciones de la sociedad civil están dispuestas a ejercer —no a pedir— la autonomía que la ley y los tratados internacionales ya les reconocen.

Referencias

Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia. (2024). Presentación como Amicus Curiae en favor de personas privadas de libertad en comisarías (Causa CJS 869904/24). Corte de Justicia de Salta. https://www.justiciasalta.gov.ar/es/prensa

Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia. (2026, mayo). Informe técnico de monitoreo preventivo: Región noreste del Departamento de Anta (General Pizarro, Las Lajitas y Piquete Cabado). Blog del Consejo Consultivo CCCPTS. https://asociacionmiguelragonecccpts.blogspot.com/2026/05/informe-completo-de-monitoreo.html

Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta. (2024). Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo en favor de personas privadas de libertad en dependencias policiales de la provincia de Salta. Poder Judicial de Salta. https://www.justiciasalta.gov.ar/es/prensa

Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta. (2026). Informe Anual 2025: 50 años de Memoria, Verdad y Justicia. CPTS. https://boletinoficialsalta.gob.ar/

Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta. (2026, mayo). La autarquía en juego: Apuntes sobre la supervivencia democrática del mecanismo de prevención de la tortura en Salta. Blog del Consejo Consultivo CCCPTS. https://asociacionmiguelragonecccpts.blogspot.com/2026/05/segundo-plenario-anual-del-consejo.html

Página|12. (2026, 11 de mayo). Denuncian torturas y falta de defensa oficial efectiva en comisarías de Anta. Página|12 Salta. https://www.pagina12.com.ar/2026/05/11/denuncian-torturas-y-falta-de-defensa-oficial-efectiva-en-comisarias-de-anta/

Pequeño Ragone, F. (2026a, 8 de marzo). Lo que el "pragmatismo" nos cuesta: Autarquía, rendición colectiva y el amparo por el Comité de Prevención de la Tortura en Salta. Ragone x Ragone: La militancia hoy. https://fernandoragone.blogspot.com/2026/03/lo-que-el-pragamatismo-nos-cuesta.html

Pequeño Ragone, F. (2026b, marzo). Ecosistema digital de la memoria activa. Ragone x Ragone: La militancia hoy. https://miguelragone.blogspot.com/p/ecostistema-digital-de-la-memoria-activa.html

La autarquía en juego: supervivencia democrática del mecanismo de prevención de la tortura en Salta

Las organizaciones de derechos humanos del Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta difunden un documento sobre la imperiosa necesidad de autarquía en el diseño del mecanismo, en el marco del plenario de julio en la Cámara de Diputados. El texto reconstruye la mora del Poder Ejecutivo en convocar al concurso de comisionados, que dejó al organismo en acefalía desde febrero, y la pretensión oficial de eliminar evaluadores externos del tribunal que juzga esos concursos, reemplazándolos por evaluadores locales. Frente a esa amenaza, un grupo de organizaciones interpuso una Acción de Amparo Colectivo ante la Corte de Justicia de Salta. El documento dedica un apartado a la decisión de H.I.J.O.S. Salta de no acompañar esa demanda, leída como síntoma de degradación democrática antes que como diferencia táctica. La autarquía, sostienen, es condición de posibilidad del mecanismo: sin independencia frente al poder controlado, la prevención de la tortura se vuelve simulacro.

Sintesis auditiva del texto

La autarquía en juego

Apuntes sobre la supervivencia democrática del mecanismo de prevención de la tortura en Salta

Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta — Organizaciones de Derechos Humanos

Ver también

El diseño del mecanismo local salteño de prevención de la tortura

Aclaración y difusión

El presente texto constituye una nota de aclaración y difusión elaborada por las organizaciones de derechos humanos que integran el Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta (CCCPTS). Se dirige a los sectores miembros del Consejo, a los funcionarios y funcionarias del Estado provincial involucrados en el proceso, a los y las periodistas que cubren la agenda de derechos humanos y de institucionalidad democrática, y al público en general.

Se difunde en el marco de la celebración del plenario del mes de julio del Consejo Consultivo, realizada en el Salón Presidencial de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Su propósito es explicitar, con la mayor claridad posible, por qué la autarquía en el diseño institucional del mecanismo de prevención de la tortura no es un tecnicismo administrativo ni una preferencia corporativa de las organizaciones, sino una condición de posibilidad de su propia razón de ser: sin independencia real frente al poder que audita, no hay prevención de la tortura sino su simulacro.

1. Lo que está en disputa: el concurso de comisionados y comisionadas

La Ley Provincial N° 8024 estableció que los representantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ante el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta se eligen mediante concurso público de antecedentes y oposición, por un mandato de cuatro años. Se trata de un mecanismo pensado, precisamente, para blindar a esa representación de la discrecionalidad política: quien ocupa la silla del Comité debe llegar allí por mérito y transparencia, no por designación ni por prórroga graciosa del gobierno de turno.

Ese diseño legal fue vulnerado por la vía de los hechos. Pese a que el propio Comité advirtió, ya en junio de 2025, que el procedimiento demanda un mínimo de seis meses, y pese a que en julio de ese año las organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos de Salta reiteraron formalmente la exigencia de convocatoria inmediata, el Poder Ejecutivo provincial omitió llamar a concurso. El 14 de febrero de 2026 vencieron los mandatos de los y las comisionadas por la sociedad civil, dejando al organismo en situación de acefalía y sin quórum legal para sesionar.

El efecto no es menor: al quedar el Comité integrado únicamente por representación de los poderes políticos, se paraliza su capacidad resolutiva. Lo que en el papel es una demora administrativa, en los hechos configura lo que la sociedad civil ha denunciado como una forma de vaciamiento institucional por la vía de la dilación.

2. El tribunal evaluador: entre el control externo y la “justicia de familia”

El punto más álgido de la disputa normativa no es solamente la demora, sino la integración del tribunal evaluador ad hoc encargado de tomar el concurso. A través de notas oficiales, el Ministerio de Gobierno de Salta notificó su intención de modificar el Decreto Reglamentario N° 1139/18 para eliminar la participación de evaluadores externos a la provincia y reemplazarlos por evaluadores con residencia exclusiva local, invocando razones de reducción de costos y austeridad.

Las organizaciones de derechos humanos impugnaron esa pretensión sobre tres pilares que conviene explicitar para el público no especializado:

Primero, el argumento económico es débil: la modalidad virtual, avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de uso corriente en el ámbito judicial y académico, permite sostener evaluadores externos sin costos significativos.

Segundo, excluir la mirada externa reinstala una lógica endogámica —lo que podríamos llamar, siguiendo el diagnóstico de las organizaciones, una “justicia de familia”— en la que actores insertos en las mismas redes de poder del fuero local terminan eligiendo a quienes deben auditarlos. La presencia de organismos como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es, en este sentido, garantía de independencia técnica frente al poder político de turno.

Tercero, y no menos importante, esa modificación regresiva colisiona con el principio de no regresividad en materia de derechos humanos: las garantías institucionales alcanzadas no pueden ser recortadas por vía de decreto administrativo, en virtud de compromisos internacionales de jerarquía constitucional.

Ninguno de estos tres argumentos es un capricho jurídico. Son, en conjunto, la explicación técnica de por qué la autarquía —entendida como la capacidad del mecanismo de decidir sobre sí mismo sin injerencia del poder controlado— es la condición sin la cual el organismo deja de cumplir su función.

3. La judicialización como ejercicio democrático, no como último recurso

Frente a la vacancia consumada y la amenaza inminente sobre el tribunal evaluador, la Asociación Civil Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, junto con organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, interpusieron una Acción de Amparo Colectivo ante la Corte de Justicia de Salta. La demanda reclama en representación del derecho colectivo de la población privada de la libertad a contar con un mecanismo independiente, y en nombre del derecho propio de las organizaciones a proponer y elegir sus candidaturas en condiciones de imparcialidad.

La acción judicial remarca, además, que debilitar la selección civil coloca a la Provincia de Salta —e indirectamente al Estado argentino— en situación de incumplimiento frente a los Principios de París y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), compromisos asumidos ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas.

Vale una aclaración conceptual para el público general: en el litigio estratégico de derechos humanos, el valor de una demanda no se agota en si el tribunal local falla a favor. Interponerla agota la vía interna y habilita, eventualmente, la reserva de caso federal y el acceso a la jurisdicción internacional ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Litigar es, en sí mismo, un acto de afirmación institucional, incluso cuando el resultado inmediato es adverso.

4. El síntoma más preocupante: el repliegue de H.I.J.O.S. Salta

Es en este punto donde las organizaciones de derechos humanos miembros del Consejo Consultivo consideran imprescindible detenerse, porque lo ocurrido no es un desacuerdo táctico entre organizaciones sino, a nuestro juicio, un síntoma de degradación democrática que excede el caso puntual.

La Agrupación H.I.J.O.S. Salta (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) no es una organización más dentro del campo de derechos humanos provincial. Nacida en la década de 1990 como respuesta a la impunidad consagrada por las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos, H.I.J.O.S. ha sido en Salta un emblema de la vanguardia política y querellante: su legitimidad social fue el combustible histórico de conquistas institucionales como la propia Ley 8024 y la conformación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Cumplió, además, un rol determinante en la reapertura y el juzgamiento de los dieciocho juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia.

Frente a la mora del Ejecutivo y la amenaza sobre el jurado evaluador, sin embargo, H.I.J.O.S. Salta decidió no acompañar la firma de la demanda de Amparo Colectivo impulsada por el resto de las organizaciones de la Mesa. Fundamentó esa abstención en razones pragmáticas: preservar la “unidad” del movimiento por sobre el reclamo formal, y un cálculo de inviabilidad frente a una Corte de Justicia local percibida como impermeable a los reclamos del campo transicional.

Desde la perspectiva de quienes sostuvimos la vía judicial, esa decisión constituye un gesto de regresión institucional que merece ser analizado con la mayor honestidad posible, precisamente por el lugar histórico que ocupa quien la adopta.

Tres proposiciones sobre una decisión regresiva

Proponemos leer el repliegue de H.I.J.O.S. no como un hecho aislado, sino como la expresión de tres mecanismos que, en distintas escalas, explican cómo se degrada la función de control democrático incluso desde dentro del propio campo de derechos humanos.

La trampa del pragmatismo administrativo. La idea de que “es mejor un comité imperfecto funcionando que un organismo paralizado por un pleito judicial” revela la adopción, aunque no se lo proponga, de una lógica estatalista. Priorizar la continuidad formal por sobre la autarquía real es confundir la supervivencia de los cargos con la efectividad de la función de control. Es, en el fondo, aceptar la premisa del controlado —el propio Poder Ejecutivo—, dejando que sea él quien fije los plazos y la calidad de quienes lo van a auditar, con tal de que el organismo siga abierto.

El riesgo no es que el mecanismo desaparezca de un día para el otro, sino que sobreviva vaciado de la independencia que le da sentido.

El cálculo de inviabilidad como profecía autorrealizada. Sostener que la vía judicial es inviable por la composición de la Corte Provincial es, además de un argumento jurídicamente débil, una forma de anticipar la derrota antes de intentarlo. En el litigio estratégico de derechos humanos, presentar la demanda ante la instancia local es precisamente lo que habilita, después, la apertura de la jurisdicción internacional. Abandonar esa instancia por temor al resultado interrumpe la cadena de impugnación y deja, en los hechos, sin herramientas a las personas privadas de la libertad que dependen de un organismo legítimamente integrado.

La falsa dialéctica entre unidad e independencia. Invocar la “unidad de las organizaciones” como valor absoluto terminó, en este caso, justificando la inacción colectiva frente a un retroceso normativo flagrante. Pero la unidad de un movimiento no se construye sobre la homogeneización del silencio ni sobre la aceptación pasiva del vaciamiento institucional: se construye sobre la defensa irrestricta de la independencia frente al Estado. Anteponer la foto de unidad a la exigencia de un concurso transparente convierte la autonomía —que debería ser un principio— en una variable negociable según la coyuntura política del gobierno de turno.

Nombrar estas tres proposiciones no es un ejercicio de reproche hacia una organización con una trayectoria que el propio Consejo Consultivo reconoce y valora. Es, más bien, un ejercicio de honestidad institucional: si incluso una agrupación con la legitimidad histórica de H.I.J.O.S. puede desplazarse, en un caso concreto, hacia una lógica de acomodamiento con el poder que debe controlar, entonces el riesgo de mimetización burocrática no es una hipótesis abstracta sino una posibilidad real dentro de cualquier mecanismo de prevención, incluido el nuestro.

5. Por qué esto importa más allá del campo de derechos humanos

Quien no participa cotidianamente del trabajo de monitoreo de comisarías y unidades carcelarias podría preguntarse por qué un conflicto sobre la integración de un tribunal evaluador merece tanta atención. La respuesta tiene que ver con lo que, en el trabajo del Consejo Consultivo, llamamos la porosidad del Estado: la idea de que las instituciones de encierro —y el propio aparato estatal que las administra— solo dejan de ser opacas cuando existe una mirada externa, técnica e independiente, capaz de entrar allí donde el poder preferiría que no entrara nadie.

Un mecanismo de prevención de la tortura sin autarquía no deja de existir formalmente, pero deja de cumplir su función. Sigue teniendo nombre, sede y presupuesto, pero pierde la capacidad de decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo. Por eso la disputa por el concurso de comisionados, por la composición del tribunal evaluador y por la respuesta judicial ante su vulneración no es un problema interno de las organizaciones: es un indicador de la salud democrática de la provincia en su conjunto, y una prueba concreta de si el Estado está dispuesto a ser controlado o solo a aparentarlo.

En el marco del plenario de julio

Este texto se difunde con motivo del plenario del Consejo Consultivo celebrado en el Salón Presidencial de la Cámara de Diputados. Las organizaciones de derechos humanos que lo integramos consideramos que ese ámbito —el de la Legislatura provincial— es el lugar adecuado para poner en común, con transparencia, el estado del conflicto en torno a la autarquía del mecanismo: la mora del Ejecutivo, la amenaza sobre el tribunal evaluador, el estado de la Acción de Amparo Colectivo y el debate que aquí hemos querido dar a conocer sobre los límites del pragmatismo institucional.

No se trata de exigir unanimidad de tácticas entre organizaciones que comparten un mismo horizonte de derechos humanos. Se trata de sostener, sin ambigüedad, que la prevención de la tortura en Salta solo será una política de Estado innegociable si el mecanismo que la ejecuta permanece autárquico frente a quien debe controlar. Cualquier otra fórmula, por más razonable que suene en el corto plazo, es una concesión que tarde o temprano el gobierno de turno terminará cobrando.

El diseño del mecanismo local salteño de prevención de la tortura

En el marco del plenario de julio del Consejo Consultivo, celebrado en el Salón Presidencial de la Cámara de Diputados de Salta, el CCCPTS a través de sus representantes de organizaciones de derechos humanos, difunde una publicación de aclaración dirigida a las organizaciones que lo integran, a los funcionarios involucrados, a periodistas y al público en general. El texto explica, en lenguaje accesible, cómo está diseñado el mecanismo local de prevención de la tortura creado por la Ley 8024: por qué existen dos organismos distintos —el Comité Provincial, de carácter técnico y operativo, y el Consejo Consultivo, de carácter político y social— y qué garantías institucionales (descentralización, autonomía funcional y autarquía) sostienen su funcionamiento. La publicación repasa además las razones históricas de este diseño: evitar que el Estado se controle a sí mismo, impedir que el poder de turno maneje a discreción a quien lo audita, y sostener un equilibrio entre el rigor técnico y el respaldo social imprescindible para que las recomendaciones no queden archivadas.

Síntesis auditiva del texto

Salta, 29 de julio de 2026

El diseño del mecanismo local salteño de prevención de la tortura

Una publicación de aclaración y difusión del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta (CCCPTS) a través de sus representantes miembros de organizaciones de derechos humanos de Salta, acerca esta publicación a las organizaciones y sectores que lo integran, a los funcionarios y funcionarias involucrados en el sistema provincial de prevención, a periodistas y comunicadores, y al público en general. Se difunde en el marco de la sesión plenaria del mes de julio del Consejo Consultivo, celebrada en el Salón Presidencial de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, y se realiza en articulación con el Diputado Gerardo Mendaña, miembro representativo en el Consejo, la Legislatura provincial, en cuyo recinto se sancionó, precisamente, la norma que aquí se explica.

El propósito es sencillo y a la vez políticamente relevante: explicar, en un lenguaje accesible, cómo está diseñado el mecanismo salteño de prevención de la tortura, por qué existen dos organismos distintos que trabajan de manera articulada —el Comité Provincial y este Consejo Consultivo— y qué garantías institucionales sostienen su funcionamiento. Explicar el diseño institucional es, en sí mismo, un acto de transparencia y de apertura del Estado hacia la sociedad civil, las comunidades del interior provincial y la ciudadanía en general, que hace a la esencia democrática que este mecanismo está llamado a encarnar.

1. Un sistema escalonado: lo internacional, lo nacional y lo local

Para comprender cómo se protege a las personas privadas de la libertad frente a tratos inhumanos o torturas conviene imaginar una red de protección organizada en tres niveles escalonados, que se sostienen y exigen mutuamente.

•  Nivel internacional: el sistema nace en el seno de las Naciones Unidas con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT). Su aporte central es entender que no alcanza con prohibir la tortura en el papel: el Estado debe permitir que organismos independientes ingresen sin aviso previo a cualquier lugar de encierro —comisarías, unidades penitenciarias, dispositivos de salud mental— para verificar en los hechos qué ocurre puertas adentro.

•  Nivel nacional: la Argentina adoptó ese compromiso internacional mediante la Ley Nacional 26.827, que creó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y exigió a cada provincia constituir su propio mecanismo local, respetando los Principios de París: independencia, participación ciudadana y autonomía de recursos.

•  Nivel local (Salta): la Provincia sancionó la Ley Provincial 8024, que derogó a la anterior Ley 7733 por no satisfacer las exigencias de independencia requeridas, y dio nacimiento al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de Salta.

Ningún nivel funciona de manera aislada: el diseño local salteño es, en ese sentido, el eslabón provincial de un compromiso que compromete simultáneamente a la comunidad internacional, al Estado nacional y a la Provincia.

2. La llave del sistema: tres garantías que sostienen el control

Para que un mecanismo de control resulte efectivo frente a las fuerzas de seguridad o el sistema penitenciario —y no se convierta en una formalidad sin consecuencias— necesita sostenerse sobre tres garantías fundamentales.

•  Descentralización: el control no puede ejercerse únicamente desde una oficina en Buenos Aires o en la Capital salteña. Debe poder llegar a cada comisaría y destacamento del interior provincial, incluidas las zonas de mayor marginalidad geográfica y social, como el Departamento de Anta o el Norte provincial, donde la distancia respecto de los centros de decisión suele traducirse en menor escrutinio.

•  Autonomía funcional: el organismo no recibe instrucciones de ninguna autoridad pública —ni del Gobernador, ni de los Ministros, ni del Poder Judicial— y decide libremente cuándo, dónde y cómo inspeccionar.

•  Autarquía financiera y administrativa: maneja sus propios recursos económicos y administrativos, para no quedar expuesto a ser asfixiado o presionado mediante recortes presupuestarios o designaciones arbitrarias.

A estas tres garantías se suman dos principios que atraviesan todo el sistema: la no dependencia —quien audita no puede depender, en su cargo ni en su sueldo, de quien está siendo auditado— y la prevención directa, que ubica el valor del mecanismo en las visitas sorpresivas a las celdas, las entrevistas a solas con las personas detenidas y las recomendaciones técnicas de cumplimiento obligatorio para el Estado.

3. Dos engranajes, una misión: el Comité y el Consejo Consultivo

La Ley Provincial 8024 diseñó una arquitectura institucional compuesta por dos engranajes centrales, que trabajan en equipo pero cumplen funciones claramente diferenciadas.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPTS)

Es el brazo operativo y técnico del sistema. Está integrado por Comisionados seleccionados mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, entre los cuales hay representantes elegidos por las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y por los poderes del Estado —Senado, Diputados y Ejecutivo—. Es quien ingresa a los lugares de encierro, mide las condiciones materiales de las celdas, entrevista a las personas privadas de su libertad, presenta acciones de hábeas corpus colectivos y exige soluciones urgentes a los poderes Ejecutivo y Judicial.

El Consejo Consultivo (CCCPTS)

Es el motor político, social e interinstitucional del sistema. Es el espacio donde se sientan en la misma mesa representantes de organizaciones de derechos humanos —como la Asociación Miguel Ragone, Familiares, Liga Argentina, H.I.J.O.S., Lucrecia Barquet o Coca Gallardo—, la Universidad Nacional de Salta, representantes indígenas (IPPIS), el Colegio de Abogados, el Poder Judicial, la Legislatura provincial y colectivos sociales como ANDHES o Mujeres Trans Argentina (MTA). Su función es asesorar al Comité, debatir las problemáticas territoriales de fondo, aprobar ampliaciones comunitarias, proponer recomendaciones legislativas y actuar como escudo institucional frente a presiones o intentos de vaciamiento del Comité.

En otras palabras: el Comité aporta la mirada técnica y jurídica; el Consejo Consultivo aporta la densidad política, territorial y social sin la cual esa mirada técnica corre el riesgo de quedar confinada a un informe sin consecuencias públicas.

4. Por qué se diseñó así: las razones de este entramado institucional

El diseño de esta arquitectura no es arbitrario: responde a razones históricas y estratégicas concretas, que conviene explicitar.

•  Evitar la endogamia institucional y la “justicia de familia”: si el Estado fuera el único encargado de auditarse a sí mismo, las denuncias de violencia institucional correrían el riesgo de quedar diluidas entre conocidos o redes de favoritismo local. La presencia obligatoria de la sociedad civil y el monitoreo externo —incluida la articulación con el Comité Nacional— rompe ese aislamiento y aporta transparencia e imparcialidad.

•  Evitar que el Estado controle al controlador: la experiencia institucional muestra que, cuando un gobierno busca silenciar las críticas, suele recurrir a designar a dedo a quienes deben auditarlo, recortar su presupuesto o modificar sus reglamentos. El esquema de la Ley 8024 busca precisamente impedir que el Poder Ejecutivo decida arbitrariamente quién audita los lugares de encierro.

•  Equilibrio entre eficacia técnica y respaldo social: el Comité, por sí solo, aporta rigor técnico y legal. Pero para que esas recomendaciones no queden archivadas en un cajón administrativo, necesita la densidad política y social del Consejo Consultivo, que visibiliza las problemáticas, genera debate público e impulsa cambios efectivos en la comunidad.

5. A modo de cierre: un diseño al servicio de la porosidad del Estado

Compartir estas explicaciones en el propio recinto de la Cámara de Diputados, en el marco del plenario de julio, es la puesta en acto de la razón de ser de este entramado institucional: que el Estado se vuelva permeable a las voces que llegan desde los márgenes geográficos y sociales de la Provincia, y que el control de los lugares de encierro deje de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un proyecto político y democrático compartido.

El Consejo Consultivo reitera su disposición a seguir explicando, difundiendo y fortaleciendo este diseño institucional junto a las organizaciones que lo integran, los poderes del Estado y la ciudadanía salteña en su conjunto.

Marco normativo de referencia

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) · Ley Nacional 26.827 · Ley Provincial 8024 (Salta).

Comunicado: se firmó un convenio para la prevención de la violencia policial entre el CPTS y organizaciones de derechos humanos de Salta

Fue un acuerdo entre el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta, la Asociación Miguel Ragone y las organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. 

Conocer

https://comitecontralatorturasalta.com.ar/