En la práctica administrativa se usan los términos “firma
electrónica” y “firma digital” como si
fueran sinónimos, y no lo son. La diferencia no es de tecnología sino de objetivo
jurídico: una firma busca manifestar voluntad; la otra busca,
además, garantizar identidad, integridad y no repudio con presunción legal a
favor. En Argentina esta distinción está fijada en la Ley 25.506 de Firma
Digital (2001), su decreto reglamentario 182/2019 y, para el ámbito civil, en
los artículos 286, 287 y 288 del Código Civil y Comercial de la Nación.
- La
firma electrónica: el objetivo es expresar conformidad
La ley la define de manera amplia y residual: es el conjunto
de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros
datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de
identificación, que carece de alguno de los requisitos legales para ser
considerada firma digital.
Entran en esta categoría cosas muy cotidianas: un nombre
escrito al pie de un correo, una imagen de la firma manuscrita pegada en un
PDF, un clic en “Acepto”, una clave o PIN, un código enviado por mensaje, la
firma dibujada con el dedo en una pantalla.
Su objetivo es dejar constancia de que una persona
manifestó su voluntad o conformidad en un entorno electrónico. Es ágil,
accesible y no requiere infraestructura especial.
Su debilidad jurídica es la carga de la prueba. Si
quien aparece como firmante desconoce la firma, corresponde a quien la
invoca demostrar su validez: que la persona realmente firmó, que el
documento no fue alterado y que el medio utilizado era confiable. Es decir, la
firma electrónica no goza de presunciones a su favor.
- La
firma digital: el objetivo es garantizar autoría e integridad con respaldo
legal
La firma digital es un tipo específico y más exigente de
firma electrónica. Se genera mediante un procedimiento matemático (criptografía
asimétrica) que utiliza un par de claves: una clave privada, que solo
conoce y controla el firmante, y una clave pública, que permite a cualquiera
verificar la firma.
Su objetivo es doble: asegurar que el documento
proviene de quien dice haberlo firmado y que no fue modificado después de
firmado. Por eso la ley le reconoce un efecto probatorio fuerte: se presume,
salvo prueba en contrario, que la firma digital pertenece al titular del
certificado y que el documento no fue alterado. La carga de la prueba se
invierte: quien la impugna debe demostrar el defecto.
3. Propuesta
Se propone que las actas y conformidades del Consejo puedan
firmarse de manera electrónica una vez finalizada cada sesión, sin exigir la
presencia física de todos los miembros al cierre. Se mantiene la firma digital
para los documentos que el Consejo dirija hacia afuera o que deban producir
efectos jurídicos propios.
4. Por qué conviene la firma electrónica
Las sesiones del Consejo reúnen a representantes que tienen
otras obligaciones institucionales, laborales y territoriales. Algunos deben
retirarse antes del cierre, y otros viajan desde el interior de la provincia.
Exigir que todos permanezcan hasta que el acta esté redactada e impresa genera
dos problemas: la sesión se alarga artificialmente, o bien el acta queda sin
las firmas de quienes participaron.
La firma electrónica resuelve esto con poco costo:
- Se
firma cuando y desde donde se puede. Quien debió retirarse conforma el
acta ese mismo día, desde su teléfono o computadora.
- No
requiere infraestructura especial. La firma digital exige un
certificado emitido por un certificador licenciado y, en general, un
dispositivo criptográfico o un sistema de firma remota. Para cada
consejero eso implica trámites previos, costos y la gestión de una
herramienta que no todos tienen. La firma electrónica puede implementarse
hoy con medios que ya usamos.
- Agiliza
el cierre del acta. Se reducen los tiempos entre la sesión y el acta
definitiva, y con ello el riesgo de que se diluyan los acuerdos.
- Favorece
la participación. Ninguna organización queda en desventaja por la
distancia o por la agenda de su representante.
5. Lo que limita no ser firma digital
Conviene que el Consejo adopte esta práctica sabiendo qué no
obtiene.
- No
hay equivalencia automática con la firma manuscrita. La ley reconoce
esa equivalencia a la firma digital. La electrónica no la tiene por sí
misma.
- Carga
de la prueba. Si alguien desconoce su firma, quien invoca el documento
debe demostrar que el firmante efectivamente firmó, que el texto no fue
alterado y que el medio era confiable. Con firma digital, esa validez se
presume y la prueba en contrario recae en quien la impugna.
- No
garantiza la integridad por sí sola. Un PDF con una firma electrónica
puede modificarse después sin que el propio archivo lo revele.
- Identidad
menos robusta. No hay un certificado emitido por un tercero licenciado
que vincule la firma con la identidad verificada del consejero.
- Menor
aptitud frente a terceros. Ante autoridades, organismos o tribunales,
un documento con firma electrónica puede ser cuestionado con más
facilidad.
6. Alcance de la propuesta
La firma electrónica se aplicará a las actas de sesión, las
conformidades internas y las comunicaciones de trámite.
