El sábado 9 de mayo, referentes de organizaciones de derechos humanos de Salta se reunieron para analizar una situación que pocos conocen y muchos prefieren ignorar: el desmantelamiento silencioso del sistema que controla lo que ocurre dentro de las comisarías de la provincia. La visita al departamento de Anta dejó un cuadro alarmante: detenidos sin defensor, jóvenes con adicciones sin atención, denuncias de golpizas policiales y mujeres trasladadas a cientos de kilómetros de sus familias por no existir lugares adecuados de detención en la zona. Al mismo tiempo, el gobierno provincial impulsa una reforma legal que vacía de independencia al organismo encargado de observar todo esto.
Frente al silencio del Estado, las organizaciones acordaron estrategias de denuncia, acciones judiciales y creaciones institucionales que mantenga el tema de la tortura como agenda pública permanente. Porque lo que no se nombra, se naturaliza.
a Comisarías de Anta a las organizaciones de derechos humanos de Salta.
INFORME DE PLENARIO
Presentación de la Asociación Ragone ante las
Organizaciones de Derechos Humanos de Salta
Visita
de Monitoreo a las Comisarías del Departamento de Anta — CPTS
Bar Alta Región, Salta Capital |
Sábado 9 de mayo de 2026 | Sesión matutina
Contenidos:
CAPÍTULO
I — EL PLENARIO: CONTEXTO, PARTICIPANTES Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
1.
Objetivo del Informe y Encuadre de la Reunión
2.
Participantes Presentes en el Bar Alta Región
3.
La Alocución de Fernando Pequeño: Diagnóstico de la Debacle
3.1
La Ruptura del Encuadre Institucional del Comité
4.
Marco Teórico Referencial: La Institucionalidad en Crisis
4.1
Psicología Institucional (José Bleger): La Institución de Fachada
4.2
Análisis Institucional (Lidia Fernández): Lo Instituido versus Lo Instituyente
4.3
Psicosociología (Gregorio Kaminsky): Los Dispositivos de Enunciación
Silenciados
5.
Las Proposiciones de Fernando Pequeño
5.1
La Crónica de la Desidia en Anta: el "No-Estado" y la Indiferencia
Social
5.2
La Estrategia de Visita y Monitoreo Territorial en Anta
5.3
Apertura con el Órgano Nacional de Salud Mental y la Destrucción Subjetiva
5.4
El Caso Cuellar y la Violencia Policial en Joaquín V. González
6.
La Propuesta Central: El Consejo de Notables como Dispositivo de Ruptura
7.
Las Reacciones de los Interlocutores
8.
Mérito en el Contexto Actual: La Resistencia al Retroceso
9.
Los Debates Finales: "Superstición Democrática" y la Cuestión de
Género
9.1
La "Superstición Democrática" y la Continuidad del Plan Represivo
9.2
La Cuestión de Género: Detención, Desarraigo y Ausencia del Estado
CAPÍTULO
II — LAS POSICIONES DIVERGENTES, LA RELACIÓN CON EL ESTADO Y LA AGENDA DE
COMPROMISOS
10.
El Eje del Debate: ¿Resistencia o Validación del Fraude?
11.
Las Cuatro Posiciones ante el Estado Provincial
11.1
La Ruptura Total (Daniel Tort — Liga Argentina de Derechos Humanos)
11.2
La Resistencia Anárquica e Instituyente (Fernando Pequeño — Asociación Ragone)
11.3
El Voluntariado No Servil y la Judicialización (Nenina Lescano — Familiares y
Ragone)
11.4
La Gestión de la Asfixia Presupuestaria (Cristina Cobos — Excomisionada)
12.
Síntesis de la Divergencia Estratégica
13.
La Agenda de Compromisos Emergentes del Plenario
14.
Reflexión Final: El Campo de los Derechos Humanos en Tiempos de Retroceso
1. Objetivo del
Informe y Encuadre de la Reunión
El presente
informe recoge, sistematiza y analiza los contenidos del plenario convocado por
la Asociación Ragone el sábado 9 de mayo de 2026 en el bar Alta Región de la
ciudad de Salta, durante la sesión de la mañana. El encuentro reunió a
referentes de organizaciones de derechos humanos con las cuales la Asociación
Ragone mantiene vínculos institucionales activos, en un momento de particular
gravedad para el sistema de prevención de la tortura en la provincia.
El propósito
central de la reunión fue doble: por un lado, presentar los hallazgos de la
visita de monitoreo efectuada el 30 de abril de 2026 a las comisarías del
departamento de Anta —Pizarro, Apolinario Sarabia y Joaquín V. González— bajo
el amparo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), con la
presencia del comisionado nacional Rodrigo Solá; y por otro lado, generar
acuerdos estratégicos entre las organizaciones presentes para llevar mociones
al Consejo Consultivo del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de
Salta (CPTS), órgano considerado vital para sostener la institucionalidad
amenazada en el actual contexto de "debacle" del sistema.
Este informe
se organiza en dos capítulos de igual jerarquía. El primero reconstruye la
alocución de Fernando Pequeño, el análisis teórico de la ruptura institucional,
las propuestas estratégicas presentadas y las reacciones de los interlocutores,
concluyendo con los debates finales sobre la coyuntura política. El segundo
capítulo profundiza en las posiciones divergentes sobre la relación con el
Estado, articula la agenda de compromisos emergente e interpreta el alcance
político del debate.
2. Participantes
Presentes en el Bar Alta Región
El espacio
físico del bar Alta Región funcionó como sede informal pero deliberadamente
elegida, reforzando el espíritu identitario de la militancia territorial
salteña. Los asistentes identificados son:
•
Fernando Pequeño — Moderador del encuentro y referente
de la Asociación Ragone, organización representante de los organismos de
derechos humanos en el seno del Consejo Consultivo del Comité Provincial.
•
Blanca Nenina Lescano — Referente de la Agrupación de
Familiares de Desaparecidos y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación
Ragone.
•
Daniel Tort — Referente de la Liga Argentina de
Derechos Humanos, quien adoptó la posición más confrontativa del debate.
•
Claudia Ferreyra — Periodista local de Joaquín V.
González y miembro de la Red Contra la Violencia Institucional, corresponsal de
la región de Anta.
•
Cristina Cobos — Excomisionada del Comité Provincial
con cinco años de gestión, quien aportó perspectiva histórica sobre la
obstrucción presupuestaria sistemática.
•
Verónica Huber — Asesora legal de la instancia.
•
Fernanda Vargas — Abogada participante.
3. La Alocución de
Fernando Pequeño: Diagnóstico de la Debacle
Fernando
Pequeño inauguró la sesión con una intervención que combinó el relato directo
de la visita al interior con un análisis político de la situación del sistema
de prevención de la tortura en la provincia y en el país. Su exposición fue a
la vez descriptiva y prescriptiva: narró lo que vio, lo que detectó como
tendencia estructural y lo que propone como respuesta.
Pequeño
contextualizó la visita señalando que todos los mecanismos de prevención de la
tortura —tanto el nacional como los provinciales— están atravesando un proceso
de desintegración y embate estatal. Describió el momento como de
"debacle", subrayando que no es una crisis aislada sino el resultado
de una política deliberada de vaciamiento y desarticulación de los organismos
de control. En ese marco, el valor de la reunión radicó, según su lectura, en
construir acuerdos colectivos para llevar al Consejo Consultivo mociones que
permitan apuntalar al CPTS antes de que el proyecto de reforma legislativa en
curso lo transforme en un organismo de fachada sin autonomía real.
La decisión
de enmarcar la visita a Anta bajo la figura del Comité Nacional respondió a una
estrategia deliberada: los jefes policiales regionales y los jueces de
garantías del interior tienden a no distinguir entre técnicos y autoridades
políticas, pero la presencia de un comisionado nacional genera una presión
institucional que facilita el acceso y dificulta la obstrucción. Pese a ello,
el equipo encontró resistencia inicial al ingreso en comisarías.
3.1 La Ruptura del
Encuadre Institucional del Comité
El núcleo
central del diagnóstico de Pequeño giró en torno a la pérdida de la autarquía
institucional del Comité Provincial. Señaló con precisión que existe un
proyecto legislativo en curso que busca degradar el mecanismo mediante dos
modificaciones estructurales: la eliminación de las incompatibilidades de los
cargos, para que los representantes de las cámaras legislativas puedan integrar
el Comité sin dedicación exclusiva, convirtiéndolo en un espacio donde
"los muchachos de diputados y senadores vayan a jugar" sin compromiso
real; y la supresión de los sueldos de los comisionados —con excepción del
secretario ejecutivo—, lo que generará un desequilibrio administrativo grave y
dejará la presidencia del organismo a merced de la discrecionalidad del Poder
Ejecutivo.
Esta ruptura
del encuadre institucional no es meramente técnica: implica la transformación
de un organismo diseñado para controlar el poder estatal en un apéndice
funcional de ese mismo poder. La autarquía, en el sistema de prevención de la
tortura, no es un privilegio burocrático sino una condición existencial: sin
ella, el Comité no puede cumplir su mandato de observación independiente.
4. Marco Teórico
Referencial: La Institucionalidad en Crisis
Los debates
del plenario, aunque articulados en el lenguaje de la militancia y la jerga
cotidiana salteña, pueden ser analizados desde tres corrientes teóricas de la
escuela argentina de análisis institucional:
4.1 Psicología
Institucional (José Bleger): La Institución de Fachada
En el marco
conceptual de Bleger, el Comité Provincial atraviesa una ruptura del encuadre
institucional que lo convierte en lo que podría denominarse una
"institución de fachada". El paso de una estructura autárquica a una
dependiente, sin recursos propios y vaciada de dedicación exclusiva, no solo
afecta el funcionamiento operativo del organismo: genera una ansiedad paranoide
en los sujetos que intentan ejercer el control desde adentro, quienes se
sienten traicionados, ignorados y manipulados por el poder político que debería
sostenerlos. Las expresiones recogidas en el plenario —"forreados",
"ninguneados"— son indicadores directos de ese estado subjetivo
institucional.
4.2 Análisis
Institucional (Lidia Fernández): Lo Instituido versus Lo Instituyente
La tensión
central del debate puede leerse en clave de Lidia Fernández como un choque
entre lo instituido —el proyecto de ley del gobierno de Sáenz que elimina
incompatibilidades y sueldos para degradar el mecanismo— y lo instituyente —las
propuestas emergentes del plenario, especialmente la del "Consejo de
Notables" y la movilización territorial en Anta—. En este cuadro, el
"fantasma" de la dictadura aparece recurrentemente como anclaje
histórico desde el que las organizaciones comprenden la represión actual,
aunque con una diferencia crucial señalada por los propios participantes: hoy
la violencia estatal opera bajo lo que Daniel Tort denominó una
"superstición democrática", es decir, bajo formas legales que
mimetizan la continuidad del plan represivo.
4.3 Psicosociología
(Gregorio Kaminsky): Los Dispositivos de Enunciación Silenciados
Desde la
perspectiva de Kaminsky, el Comité Nacional y el Provincial funcionan como
dispositivos de enunciación que el Estado intenta silenciar mediante una
estrategia de bombardeo comunicacional y administrativo. Las "voces"
de las madres de los detenidos en Anta y los relatos directos de tortura y
malos tratos recogidos en la visita constituyen los transversales de poder que
buscan perforar el blindaje institucional de la policía y el poder judicial
local. La propuesta del Consejo de Notables puede leerse, en este marco, como
un intento de crear un nuevo dispositivo de enunciación que no dependa de la
institucionalidad estatal para tener voz pública.
5. Las Proposiciones
de Fernando Pequeño
Tras el
diagnóstico general, Pequeño desarrolló una serie de proposiciones estratégicas
concretas, cada una articulada sobre los hallazgos de la visita a Anta y sobre
el análisis de la crisis institucional del Comité.
5.1 La Crónica de la
Desidia en Anta: el "No-Estado" y la Indiferencia Social
Pequeño
describió una situación de abandono estructural en las comisarías visitadas
—Pizarro, Apolinario Sarabia y Joaquín V. González— que el documento
sistematiza bajo la figura del "No-Estado". Dos hallazgos críticos
emergieron de la visita:
•
La ausencia casi total del Ministerio Público de la
Defensa: un solo defensor oficial cubre a más de cien personas detenidas,
resultando en una desprotección fáctica donde los presos ni siquiera conocen a
sus defensores y padecen lesiones graves —dedos rotos, infecciones— sin
asistencia legal.
•
La indiferencia ciudadana: a través de grupos focales
realizados en la zona, Pequeño detectó un discurso social dominante que puede
resumirse en la expresión "que se caguen", donde el ciudadano medio
rechaza que el Estado destine recursos a los detenidos antes de resolver sus
propios problemas cotidianos.
Esta indiferencia social no es un dato
menor: constituye el suelo cultural sobre el que se sostiene la impunidad de la
violencia institucional en el interior de la provincia, y es uno de los
desafíos más difíciles de revertir para los organismos de derechos humanos.
5.2 La Estrategia de
Visita y Monitoreo Territorial en Anta
La primera
proposición estratégica de Pequeño consistió en sistematizar y sostener la
práctica del monitoreo territorial como herramienta de visibilización,
aprovechando la articulación con el CNPT. La estrategia política de la visita
del 30 de abril combinó tres elementos:
•
El uso de la autoridad nacional del CNPT para presionar
a jefes policiales y jueces de garantías que de otro modo obstruirían el
acceso.
•
El diagnóstico de lo que denominó una "cultura
feudal" en el interior, caracterizada por una estructura estatal frágil y
un monopolio de facto del poder policial sin contrapesos judiciales ni
defensivos.
•
La visibilidad como herramienta política central:
interpelar públicamente a los funcionarios judiciales y legislativos locales a
través del Consejo Consultivo, obligándolos a dar explicaciones sobre la
desidia y el maltrato.
5.3 Apertura con el
Órgano Nacional de Salud Mental y la Destrucción Subjetiva
Una
proposición central de la presentación fue la necesidad de ampliar el enfoque
del monitoreo más allá de las condiciones materiales de detención
—hacinamiento, humedad, falta de ventilación— para incluir la dimensión de la
salud mental y la destrucción de la subjetividad de los detenidos. Pequeño
mencionó la existencia de un informe previo de la Asociación Ragone sobre
condiciones de encierro y salud mental en Joaquín V. González, que constató la
ausencia total del Estado en la atención de las adicciones. (Ver en “La mirada de los "Psicólogos de
Anta" a cerca de la atención de la Salud Mental en la región sur este del
departamento”, en línea en https://asociacionmiguelragonesaludmental.blogspot.com/2024/02/la-mirada-de-los-psicologos-de-anta.html
)
Dado que la
provincia de Salta aún no ha creado el órgano de revisión local exigido por la
Ley Nacional de Salud Mental, propuso recurrir directamente al Órgano de
Revisión Nacional. El objetivo es que dicho organismo envíe un informe técnico
al Comité Provincial que sirva como evidencia para ser presentada ante la Corte
de Justicia en el marco del Hábeas Corpus colectivo vigente. El foco específico
es visibilizar que la mayoría de los detenidos son jóvenes con graves problemas
de consumo de pasta base, quienes sufren un deterioro biológico y psicológico
acelerado por falta de tratamiento y por la violencia del entorno carcelario.
5.4 El Caso Cuellar
y la Violencia Policial en Joaquín V. González
La
corresponsal local Claudia Ferreyra introdujo en el debate un caso que ilustra
con dramatismo la realidad de la violencia institucional en la región: el de un
hombre de apellido Cuellar, quien habría sido golpeado por policías durante su
detención para obligarlo a confesar. Según el testimonio de su hermana, el
propio Cuellar alcanzó a comunicarle que los efectivos lo habían golpeado esa
noche. Ferreyra describió la violencia policial e institucional como "lo
cotidiano" en esa zona, señalando que no hay nadie que los observe ni los
controle. Este caso funcionó en el debate como evidencia concreta de la
urgencia de los mecanismos de monitoreo y de la gravedad de su vaciamiento.
6. La Propuesta
Central: El Consejo de Notables como Dispositivo de Ruptura
La
proposición más innovadora y estratégicamente ambiciosa de la presentación de
Fernando Pequeño fue la creación de un "Consejo de Notables". Esta
propuesta surgió como respuesta directa al escenario de desguace del Comité
Provincial y se articuló sobre tres pilares:
•
Fundamentación: Pequeño propuso adoptar una postura
"medio anárquica y desobediente de las propias instituciones" para
utilizar la fuerza de la legitimidad social en favor de los derechos humanos.
La referencia explícita fue el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales),
que cuenta con un consejo de figuras académicas y sociales que sesiona
mensualmente.
•
Independencia del financiamiento estatal: la clave del
consejo es que sus integrantes actuarían sin depender de la "guita"
estatal, lo que les permitiría enunciar lo que es necesario sin el temor a la
asfixia presupuestaria que paraliza a los organismos formales.
•
Objetivo político: instalar el tema de la tortura y la
degradación subjetiva como agenda permanente en los medios de comunicación,
generando un "quilombo" mensual que el poder político no pueda
ignorar, contrarestando así la estrategia oficial de bombardeo y
desarticulación por desgaste y angustia.
Esta propuesta representa un desplazamiento
estratégico significativo: ante la imposibilidad de sostener la
institucionalidad formal, Pequeño propone construir una institucionalidad
alternativa basada en la legitimidad social y la independencia económica. No es
una propuesta de abandono del espacio público sino de creación de otro espacio
desde el cual presionar sobre el primero.
7. Las Reacciones de
los Interlocutores
Las
propuestas de Pequeño abrieron un debate rico y a veces tenso entre los
participantes, revelando posiciones diferenciadas dentro de un campo compartido
de resistencia.
•
Cristina Cobos (Excomisionada) validó la urgencia del
reclamo y respaldó la necesidad de "poner el grito en el cielo" por
el desfinanciamiento. Aportó evidencia histórica: durante su gestión de cinco
años, el Poder Ejecutivo nunca otorgó los fondos solicitados para contratar
personal en el interior —Orán, Tartagal—, lo que imposibilitó el monitoreo
territorial sistemático. Su intervención confirmó que la asfixia presupuestaria
no es una novedad del presente sino una política de Estado sostenida.
•
Daniel Tort (Liga Argentina de Derechos Humanos) adoptó
la posición más radical, calificando al Estado de "represor",
"falsario" y "degenerado social". Sostuvo que el proyecto
de ley busca "fulminar" al Comité y propuso que los organismos de
derechos humanos no participen en la nueva conformación del organismo, para no
convalidar lo que llamó un "fraude legislativo" que simula cumplir
con la ONU mientras sostiene un estado policial de hecho.
•
Nenina Lescano (Familiares de Desaparecidos y Asoc
Ragone) validó la dureza del diagnóstico de Tort pero defendió el mantenimiento
de la vía judicial como espacio de marcado político. Sostuvo que los
organismos, en tanto voluntarios, no son "serviles al gobierno" y
pueden seguir actuando desde esa independencia. Apoyó la propuesta del Consejo
de Notables, aunque insistió en agotar el camino del Amparo y el Hábeas Corpus
ante la Corte de Justicia.
8. Mérito en el
Contexto Actual: La Resistencia al Retroceso
El conjunto
de las intervenciones del plenario adquiere pleno sentido cuando se evalúa en
el contexto de lo que podría denominarse un proceso de
"desdemocratización" de la política de derechos humanos en Salta. La
política del gobierno de Sáenz, descrita por los participantes como de
"arrastrarse" ante el gobierno nacional para alinearse con una lógica
de ajuste y represión, tiene como consecuencia práctica el desmantelamiento de
los mecanismos independientes de control: el Comité Provincial, el sistema de defensa
pública en el interior, y los organismos que articulan la sociedad civil con el
control institucional.
En este
cuadro, las estrategias planteadas por los organismos —desde el monitoreo
territorial hasta el Consejo de Notables, pasando por las acciones judiciales—
representan formas de resistencia ante un Estado que no admite ser observado.
La expresión de Tort resume el núcleo político de esta tensión: el Estado les
"está tirando con cañones" mientras los organismos intentan responder
con herramientas institucionales. Esta asimetría no invalida el valor de las
herramientas disponibles, pero sí exige una reflexión honesta sobre sus límites
y sobre la necesidad de articular nuevas formas de presión.
9. Los Debates
Finales: "Superstición Democrática" y la Cuestión de Género
El cierre del
plenario incluyó dos debates que merecen ser registrados con particular
atención:
9.1 La
"Superstición Democrática" y la Continuidad del Plan Represivo
Daniel Tort
formuló una crítica de fondo a la democracia realmente existente en Salta y en
Argentina. Sostuvo que la "clase dominante" lleva adelante el mismo
plan de la última dictadura militar, pero bajo formas legales que le otorgan
una apariencia de legitimidad. Denominó a esta condición "superstición
democrática": la creencia de que la existencia de elecciones y
procedimientos formales garantiza la vigencia de los derechos, cuando en la
práctica el Estado policial continúa operando. En su análisis, la ausencia de
métodos dictatoriales explícitos solo se explica por la inexistencia de
organizaciones armadas que los enfrenten, no por una voluntad real de respetar
los derechos.
Esta lectura
no fue ni validada ni rechazada por los demás participantes, pero introdujo en
el debate una dimensión de largo plazo que trasciende la coyuntura legislativa
y sitúa la lucha de los organismos en una historia más profunda.
9.2 La Cuestión de
Género: Detención, Desarraigo y Ausencia del Estado
Claudia
Ferreyra cerró el debate alertando sobre una situación crítica que no había
sido abordada en los tramos anteriores: en la región de Anta no existen lugares
de detención para mujeres ni para personas del colectivo LGBT. Esto provoca
que, al ser detenidas, estas personas sean trasladadas a localidades distantes,
perdiendo todo contacto con sus familias y redes de contención, y quedando sin
asistencia alimentaria ni legal. El desarraigo resultante agrava
exponencialmente las condiciones de vulnerabilidad de una población ya
precarizada.
Esta
observación abrió una dimensión adicional al diagnóstico del plenario: la
violencia institucional en Anta no es solo violencia policial directa, sino
también violencia estructural por omisión, que afecta de manera diferenciada a
las mujeres y a las personas del colectivo LGBT, cuya invisibilidad en el
sistema de detención provincial es casi total.
10. El Eje del
Debate: ¿Resistencia o Validación del Fraude?
A partir de
la intervención de Daniel Tort, el plenario giró en torno a una pregunta de
fondo que estructuró el debate más intenso de la jornada: ¿la participación de
los organismos de derechos humanos en los mecanismos institucionales del Estado
—como el Comité de Prevención de la Tortura— constituye un acto de resistencia
o una validación de un fraude político? Esta pregunta no es nueva en el campo
de los derechos humanos argentinos, pero adquiere en el contexto de Salta 2026
una urgencia y una concreción particulares.
Las
posiciones identificadas se pueden clasificar en cuatro grandes orientaciones,
cada una con su propia lógica interna y sus propuestas de acción.
11. Las Cuatro
Posiciones ante el Estado Provincial
11.1 La Ruptura
Total (Daniel Tort — Liga Argentina de Derechos Humanos)
La posición
de Tort es la más tajante y la más claramente articulada sobre un análisis
político de conjunto. Sostiene que la relación con el Estado provincial está
agotada y que cualquier intento de participación en sus mecanismos es una
"ficción y una farsa" que solo sirve para que el gobierno de Sáenz
"salve la ropa" ante organismos internacionales como la ONU.
Los elementos
centrales de su postura son:
•
Define al gobierno de Sáenz como un "degenerado
social" que se "arrastra" ante el gobierno nacional,
desarticulando programas de derechos humanos para alinearse con una política de
ajuste y represión.
•
Considera que el Comité ya está "caído" en la
práctica, y que participar en él tras las reformas legislativas equivale a
convalidar un "fraude legislativo y político".
•
Utiliza la metáfora bélica de la asimetría: el Estado
les "tira con cañones" mientras los organismos intentan
"responder con rosas" a través de recursos judiciales y
administrativos que el Ejecutivo ignora.
•
Propuesta concreta: retirarse de los espacios
institucionales, denunciar públicamente la farsa y no participar en la
conformación del nuevo comité.
11.2 La Resistencia
Anárquica e Instituyente (Fernando Pequeño — Asociación Ragone)
Pequeño
comparte el diagnóstico de Tort sobre el carácter deliberado del bombardeo
estatal, pero diverge radicalmente en la táctica. Para él, la retirada sería un
error estratégico que dejaría el campo libre al poder. Su propuesta puede
describirse como una "rebeldía institucional": habitar las
estructuras existentes de manera desobediente, usarlas para sus propios fines
y, simultáneamente, construir estructuras alternativas —como el Consejo de
Notables— que operen con plena independencia del financiamiento estatal.
Esta
posición descansa en la convicción de que la visibilidad y la interpelación
pública son armas tan poderosas como la retirada, y que abandonar los espacios
institucionales —aunque estén degradados— es un regalo político al gobierno.
11.3 El Voluntariado
No Servil y la Judicialización (Nenina Lescano — Familiares y Ragone)
Lescano
articula una posición intermedia que comparte la dureza del diagnóstico de Tort
y la voluntad de permanencia de Pequeño, pero le agrega un énfasis particular:
la vía judicial como espacio de posiciónamiento político. No espera
necesariamente un fallo favorable de la Corte —a la que reconoce como
"escurridiza" y poco confiable— pero entiende que presentar recursos
judiciales documenta la posición política de los organismos y genera
antecedentes que pueden tener valor en el tiempo.
Su propuesta
de unificar la información de la inspección en Anta con la denuncia del fraude
legislativo para presentar un informe general a la Corte y a la sociedad apunta
a construir un relato coherente y documentado que trascienda la inmediatez del
debate político coyuntural.
11.4 La Gestión de
la Asfixia Presupuestaria (Cristina Cobos — Excomisionada)
La
intervención de Cobos aporta una dimensión histórica y experiencial al debate.
Su testimonio documenta que la asfixia presupuestaria no es un fenómeno nuevo
sino una política de Estado sostenida en el tiempo: durante su gestión de cinco
años, el Ejecutivo nunca transfirió los fondos prometidos para contratar
personal en el interior de la provincia. Esta evidencia refuerza el argumento
de que el problema no es solo político-coyuntural sino estructural, lo que a su
vez avala tanto la posición de ruptura de Tort como la de resistencia creativa
de Pequeño.
12. Síntesis de la
Divergencia Estratégica
La
divergencia entre estas posiciones no debe leerse como una fractura en el campo
de los derechos humanos salteños sino como una tensión productiva entre
diferentes lecturas de la coyuntura y diferentes apuestas estratégicas ante un
Estado que, como coinciden todos los participantes, no admite ser observado.
Mientras la
Liga propone el abandono total de la estructura para no legitimar la farsa del
Estado policial, la Asociación Ragone y Familiares proponen habitar el
conflicto desde la "rebeldía institucional" o el voluntariado,
utilizando el Consejo Consultivo y los tribunales como plataformas de denuncia
pública y visibilidad, independientemente de la respuesta del Estado. Ambas
posiciones comparten el diagnóstico de fondo: el Estado es el problema y no la
solución. Difieren, sin embargo, en si el terreno institucional degradado aún
puede ser útil o si ha perdido ya toda funcionalidad para la resistencia.
13. La Agenda de
Compromisos Emergentes del Plenario
El plenario
cerró con la definición de una agenda de compromisos concretos, articulada en
cinco ejes de acción:
(Reservado para circulación
interna en las organizaciones de derechos humanos)
14. Reflexión Final:
El Campo de los Derechos Humanos en Tiempos de Retroceso
El plenario
del 9 de mayo de 2026 en el bar Alta Región no fue solo una reunión de trabajo
entre organizaciones aliadas: fue una instancia de deliberación política
profunda sobre el presente y el futuro del campo de los derechos humanos en
Salta, en el marco de un retroceso sistemático de las políticas de protección
por parte del Estado provincial.
Lo que se
debatió en torno a una mesa en ese espacio cotidiano de la ciudad sintetiza
tensiones que atraviesan a todo el movimiento de derechos humanos argentino:
hasta dónde participar en instituciones degradadas, cómo construir legitimidad
pública sin depender del Estado, cómo articular la denuncia territorial con la
acción judicial y mediática, y cómo sostener la voluntad militante frente al
desgaste programático.
La agenda de
compromisos emergente, aunque diversa en sus estrategias, converge en un punto
fundamental: los organismos no están dispuestos a naturalizar el silencio ni a
dejar de nombrar lo que sucede en las comisarías de Anta, en las celdas de
Joaquín V. González, y en el proyecto de ley que busca vaciar de sentido al
Comité Provincial. En ese gesto de nombrar, de documentar y de interpelar
públicamente reside, tal vez, la forma más genuina de resistencia posible.
— Fin del Informe —
Elaborado sobre la base del registro sonoro del
plenario del 9 de mayo de 2026. Con aplicación de metodología de análisis
institucional de la escuela argentina.
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