En un esfuerzo sostenido por abordar la compleja y grave situación carcelaria que aqueja a la provincia de Salta, el 12 de julio de 2025 tuvo lugar una crucial reunión plenaria en las oficinas del Ministerio de Seguridad. Este encuentro no surge de forma aislada, sino que es el resultado directo de un antecedente fundamental: la audiencia histórica fijada por la Corte de Justicia de Salta el 17 de marzo de 2025. En aquella ocasión inicial, la Corte Suprema de Justicia de Salta presidió una sesión motivada por la presentación de un Hábeas Corpus por parte del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta, con el respaldo de la Asociación Miguel Ragone en calidad de Amicus Curiae. El objetivo central de dicha audiencia era la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, buscando una política carcelaria integral y consustanciada para Salta. Ante la urgencia de la problemática y con una clara intención conciliatoria para evitar una sentencia judicial definitiva, se acordó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional con tres áreas focales para abordar la situación: la gestión de la sobrepoblación y capacidad penitenciaria, la planificación e infraestructura, y el tratamiento integral de las personas privadas de libertad. La reunión plenaria del 12 de julio de 2025 se constituyó, entonces, como la segunda mesa interinstitucional convocada por la Corte de Justicia para dar seguimiento y evaluar los avances en las dimensiones acordadas.
Los puntos clave del acuerdo presentado en la reunión del Ministerio de Seguridad constituyeron un reconocimiento formal de la grave situación carcelaria y un marco para la acción futura. Los avances logrados incluyen el traslado de penados y procesados, la implementación de infraestructura modular, la ampliación de capacidad en algunas unidades, la habilitación de consultorios, la elaboración de un protocolo de atención médica y un anteproyecto de ley, así como esfuerzos en atención psicológica y capacitaciones. Estos puntos reflejan una resolución de colaboración y buena fe entre el poder Ejecutivo y el Judicial, buscando abordar la problemática y las condiciones de detención. Si bien se valoran estos avances, se subraya que la eficacia real se medirá en la rapidez y contundencia con la que se traduzcan en mejoras tangibles y duraderas en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. La voluntad de acuerdo es un primer paso, pero su efectividad dependerá de la política real y la asignación de recursos concretos para implementar las acciones acordadas.
La reunión plenaria del 12 de julio se centró en revisar el
progreso de estas tres mesas de trabajo interinstitucionales, cada una
con objetivos específicos y una coordinación e integración de diversas
instituciones. Los ejes principales abordados, en términos generales, se
relacionan con las dimensiones fundamentales de la problemática carcelaria:
- Gestión
de la Sobrepoblación y Capacidad Penitenciaria: Se discutieron las
acciones para aliviar la sobrepoblación en las unidades carcelarias y
dependencias policiales. Esto incluyó la realización de traslados
de personas privadas de libertad desde comisarías hacia el sistema
penitenciario y la búsqueda de una mayor capacidad de alojamiento
en el sistema. También se consideraron medidas para la agilización de
beneficios y medidas alternativas para personas con condenas menos
graves.
- Planificación
e Infraestructura Penitenciaria: Esta dimensión se ocupó de los proyectos
de infraestructura destinados a mejorar y ampliar las instalaciones de
detención. Se abordó la implementación de sistemas modulares y la
construcción o ampliación de pabellones y alcaldías, con el objetivo de
optimizar las condiciones de vida y alojamiento de los internos. Las
discusiones también incluyeron los procesos para la adquisición y
ejecución de estas obras.
- Tratamiento
Integral de Personas Privadas de Libertad: Se hizo énfasis en
garantizar el acceso a las necesidades básicas y a un tratamiento
digno para los detenidos. Esto abarcó la habilitación de consultorios
médicos y la elaboración de protocolos de atención sanitaria, así como
gestiones para la atención psicológica. Además, se avanzó en la revisión
de un anteproyecto de Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad
y se promovió la educación secundaria y terciaria para los
internos.
- Unificación
de Registros y Coordinación Interinstitucional: Un punto recurrente y
crucial fue la falta de un criterio unificado y la inconsistencia en el
registro de datos de las personas detenidas entre las diferentes
instituciones. Se planteó la necesidad de implementar un sistema único
para una identificación y monitoreo eficientes de los internos a nivel
provincial. Se destacó la importancia de una coordinación y
comunicación fluidas entre todas las partes involucradas para evitar
duplicidades y asegurar la transparencia.
- Capacitación
del Personal: Se reconoció la necesidad de capacitar continuamente
al personal penitenciario y policial en temas de derechos humanos y en
la correcta toma y unificación de datos al momento de las detenciones.
Entre los desafíos y puntos críticos identificados,
se mencionó la preocupación por el cumplimiento de los plazos judiciales
para las obras de infraestructura, requiriendo un compromiso económico
explícito. Persiste el déficit de profesionales, especialmente en el
área de salud mental, un tema que, aunque no explícito en el amparo inicial, es
una preocupación transversal y se buscarán reuniones específicas para
abordarlo.
