¡Urgente! Salta al borde del colapso: sin concurso YA, el Comité contra la Tortura quedará vacío y las cárceles sin control
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| Audiencia del CPTS con la Corte de Justicia de Salta, 2025 |
19 de diciembre de
2025
Salta se encuentra ante una encrucijada silenciosa pero
determinante para la calidad de su democracia. Mientras la sociedad debate
sobre seguridad y justicia, el organismo encargado de vigilar que el Estado no
viole los derechos humanos en los lugares de encierro se acerca peligrosamente
a una parálisis operativa.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura
(CPT), una conquista institucional lograda tras años de lucha y
materializada en la Ley 8024, enfrenta hoy su desafío más urgente: no es una
inspección carcelaria ni un litigio judicial, sino su propia supervivencia
administrativa. Con los mandatos de sus miembros fundadores a punto de expirar
en febrero de 2026, la ausencia de un llamado a concurso para renovar
sus autoridades enciende todas las alarmas.
Lo que está en juego: Ojos donde nadie mira
Para entender la gravedad de la demora, hay que mirar el
retrovisor. Desde su puesta en funcionamiento operativo en 2022, el Comité dejó
de ser una oficina burocrática para convertirse en un actor de campo. En los
últimos cuatro años, sus integrantes entraron allí donde la mirada pública no
llega: comisarías colapsadas y pabellones penitenciarios hacinados.
Sus informes no fueron complacientes. Pusieron en números lo
que muchos intuían pero nadie oficializaba: el sistema penitenciario de
Salta opera con una sobrepoblación real del 150%. No se limitaron a
diagnosticar; gestionaron. Gracias a sus habeas corpus correctivos y
litigios estratégicos, se lograron avances tangibles, como la apertura de
consultorios de salud en el penal de Villa Las Rosas y la visibilización de la
crisis específica que atraviesan las mujeres privadas de su libertad, cuya tasa
de encarcelamiento creció un 41% en la Alcaidía de la Capital.
El Comité funcionó como el contrapeso necesario en un
sistema que, sin control, tiende naturalmente al abuso.
La inercia burocrática como riesgo político
Sin embargo, la institucionalidad es frágil. A días de
terminar el 2025, la situación es crítica. La Mesa de Derechos Humanos de
Salta ya ha advertido sobre el riesgo inminente de acefalía. Los procesos
de concurso público para designar a los nuevos comisionados —quienes deben
representar tanto a la sociedad civil como al Estado— requieren tiempos
administrativos que hoy ya no tenemos.
La designación reciente de un nuevo comisionado por el
Senado y el llamado a concurso para la Secretaría Ejecutiva en julio de este
año son pasos necesarios, pero insuficientes si la cúpula directiva queda
vacante. Si el Gobierno no acelera los plazos para la renovación total, en
menos de sesenta días Salta podría tener un Comité "de papel":
existente en la ley, pero vacío en la práctica.
Una política de Estado, no de Gobierno
La prevención de la tortura y los tratos inhumanos no puede
depender de los tiempos electorales ni de la voluntad política de turno; es un
compromiso internacional y una obligación constitucional.
Dejar caer al Comité en un limbo administrativo no solo
sería un retroceso burocrático, sería un mensaje peligroso: que la vigilancia
sobre el poder punitivo del Estado es prescindible. La renovación de
autoridades no es un trámite; es la garantía de que, en 2026, alguien seguirá
vigilando a quienes nos vigilan. El reloj corre y el tiempo para evitar el
vacío institucional se agota.
