Acciones estratégicas de la Asociación Ragone en el Consejo Consultivo del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta, en representación de organizaciones de derechos humanos de la provincia.
A cerca de la capacidad de autoconvocarse del Consejo
Consultivo del Comité para la Tortura. ¿Quién vigila a quien vigila?
Esta pregunta define la actual tensión por la autonomía del Consejo Consultivo
del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta (CCCPTS). Lo
que aparenta ser un debate reglamentario es, en realidad, una disputa contra
una cultura política verticalista que busca subordinar el control ciudadano a
la burocracia estatal. Restringir la capacidad de autoconvocatoria del Consejo
silencia a la sociedad civil y perpetúa la "endogamia
institucional" donde el Estado tiende a absolverse a sí mismo. En un
contexto marcado por graves hallazgos de tortura y abandono judicial en
regiones como Anta, la independencia funcional y financiera deja de ser
un tecnicismo para convertirse en una garantía de vida para los detenidos.
Frente al pragmatismo que vacía de contenido la prevención, se sostiene que la
autarquía no es una concesión del poder, sino un derecho que debe ejercerse
para asegurar una supervisión civil efectiva y soberana.
Salta, 29 de julio de 2026
¿Quién vigila a quien vigila?
La autonomía del Consejo Consultivo y la trampa de la
obediencia institucional
Ensayo de divulgación
Una discusión que parece de
trámite, y no lo es
Hay debates que a primera vista suenan a letra
chica. Uno de ellos es si el Consejo Consultivo del Comité Provincial para la
Prevención de la Tortura de Salta (CCCPTS) puede reunirse por sí mismo o si
necesita, cada vez, el permiso del propio Comité al que se supone que debe
controlar. Dicho así, parece una cuestión de reglamento interno, de esas que
solo interesan a quienes redactan actas. No lo es. Es, en realidad, la pregunta
más antigua de cualquier sistema de control: ¿quién vigila a quien vigila? Y la
respuesta que se dé, aunque venga envuelta en lenguaje jurídico, revela mucho
más sobre una cultura política que sobre un artículo de ley.
Sostener que el Consejo solo existe cuando el
Comité lo convoca no es un desacuerdo técnico. Es la expresión, con traje
institucional, de una forma de entender el poder que Salta conoce bien: una
cultura vertical, acostumbrada a que los organismos de control funcionen como
sellos de aprobación y no como contrapesos reales.
Sintesis auditiva del texto
Lo que el mundo ya aprendió: la
independencia no pide permiso
El Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura (OPCAT), incorporado en la Argentina mediante la Ley Nacional
26.827, no es un capricho de organismos internacionales. Es la respuesta a una
constatación dolorosa: cuando el Estado se controla a sí mismo, tiende a
absolverse. Por eso el estándar internacional exige que los mecanismos de
prevención de la tortura tengan independencia funcional, operativa y
financiera, de manera que la sociedad civil pueda entrar a cárceles, comisarías
y alcaidías sin pedir permiso ni depender del humor político de turno.
La Ley Provincial 8024, cuando creó el Comité
y el Consejo Consultivo, no diseñó una pirámide donde uno manda y el otro
obedece. Diseñó dos piezas de un mismo mecanismo, con el Consejo pensado como
el espacio donde confluyen las organizaciones sociales, las universidades, los
pueblos originarios y cualquiera de los tantísimos sectores vulnerables capaces
de organizar las demandas, y los legisladores; precisamente para que el
monitoreo de los lugares de encierro no quede en manos de una sola burocracia
estatal.
Leer la ley al revés —convertir al Consejo en
un invitado que solo habla cuando lo llaman— tiene un costo concreto. Si el
Comité entra en crisis, porque el Ejecutivo demora los concursos, porque vencen
los mandatos o porque alguien lo captura políticamente, el Consejo quedaría
automáticamente mudo. Y un mecanismo de prevención que puede ser silenciado con
solo no convocar una reunión no es, en los hechos, un mecanismo de prevención.
Cuando el controlador depende de
lo que controla
Esta discusión no ocurre en el aire. Ocurre en
una provincia donde la administración pública y el sistema judicial han
funcionado, históricamente, con lógicas de familiaridad y de favor. Es lo que
en el Informe Anual 2025 del propio Comité se describe como una endogamia
institucional: jueces que resuelven irregularidades por vías informales,
defensorías oficiales ausentes en los territorios más alejados, y funcionarios
que naturalizan los malos tratos en las comisarías apelando a la "falta de
recursos" (Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta,
2026).
"Cuando
el controlador es designado o regulado de manera exclusiva por el mismo
estamento hegemónico que debe auditar, se produce una degradación institucional
donde el sistema de prevención se vacía de contenido" (Consejo Consultivo
del CCCPTS, 2026).
El caso del departamento de Anta ilustra la
magnitud de lo que está en juego. El monitoreo conjunto realizado en la región
noreste del departamento —General Pizarro, Las Lajitas y Piquete Cabado—
documentó un patrón de violencia física en comisarías y la ausencia efectiva de
defensa oficial en el territorio (Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la
Memoria y la Justicia, 2026). La cobertura periodística de esos hallazgos,
publicada por Página|12, confirmó públicamente lo que el informe técnico ya
señalaba: torturas denunciadas y una defensa oficial que no llega a los lugares
donde más se la necesita (Página|12, 2026). Frente a ese cuadro, la pregunta
sobre quién convoca al Consejo Consultivo deja de ser un tecnicismo y se vuelve
una pregunta sobre la vida de las personas detenidas.
El pragmatismo que termina
saliendo caro
Hay un argumento que suena razonable y que,
por eso mismo, es el más peligroso: "mejor un comité imperfecto y
subordinado que un proceso paralizado por exigir demasiada autonomía". Es
la trampa del pragmatismo formalista. Ceder en la independencia para mantener
viva la burocracia no salva al sistema; lo vacía por dentro. Produce una
pantalla de legitimidad —reuniones, actas, informes— mientras las violaciones a
los derechos humanos continúan, sin consecuencias, en los calabozos (Pequeño
Ragone, 2026a).
El Habeas Corpus Colectivo Correctivo que el
propio Comité Provincial interpuso ante la Corte de Justicia de Salta, en favor
de las personas privadas de libertad en dependencias policiales, es un buen
recordatorio de que la ley no alcanza si no hay quien la exija activamente
(Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta, 2024). La misma
lógica sostiene las presentaciones como Amicus Curiae de las organizaciones
civiles: instrumentos que solo tienen sentido si quienes los impulsan pueden actuar
con autonomía real, y no como convidados de piedra de un proceso que otros
controlan (Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia,
2024).
Cambiar la mirada: dejar de
pensar como funcionario
Hay un riesgo más silencioso, y por eso más
difícil de nombrar: que quienes representan a la sociedad civil dentro de estos
espacios terminen adoptando, sin darse cuenta, la posición subjetiva del
funcionario. Que se acostumbren a los tiempos, a las comodidades y a la lógica
burocrática del mismo Estado que deberían interpelar. El encierro no solo daña
a quien está detenido; también erosiona, de a poco, a quienes deberían
observarlo desde afuera.
Emancipar la mirada significa, en primer
lugar, perder el miedo a incomodar al poder. Significa entender que la
autarquía no es una gracia que el Poder Ejecutivo concede cuando está de buen
humor, sino un derecho conquistado y una obligación constitucional que no se
negocia. Cuando un decreto reglamentario avanza sobre los evaluadores externos
en nombre de la "austeridad", o cuando se intenta poner al Consejo
bajo la tutela administrativa del Comité, la respuesta que corresponde no es el
acatamiento silencioso, sino la disputa abierta del sentido de las reglas
(Pequeño Ragone, 2026a).
Qué significa, en los hechos,
ser autárquico
Traducido a la práctica cotidiana, sostener la
autonomía del Consejo Consultivo implica al menos tres cosas concretas.
Primero, reafirmar su capacidad de autoconvocarse, fijar su propia agenda
pública y denunciar, sin intermediarios, el vaciamiento presupuestario o
reglamentario del sistema. Segundo, rechazar el gradualismo complaciente que
acepta instituciones débiles y cooptadas a cambio de una paz aparente. Tercero,
sostener la porosidad del Estado: recordar, una y otra vez, que la dignidad de
las personas privadas de libertad no depende de la buena voluntad de un
funcionario, sino de una supervisión civil e independiente, ejercida en el
marco del Estado de derecho.
Una autonomía que no se pide, se
ejerce
El Consejo Consultivo para la Prevención de la
Tortura es autárquico en su esencia política y funcional, porque no nace de una
concesión administrativa sino de un mandato social y convencional: el control
ciudadano sobre el monopolio de la fuerza que ejerce el Estado. Pretender que
ese Consejo necesita autorización para reunirse es, en el fondo, un intento de
reproducir dentro del propio sistema de derechos humanos la misma lógica
vertical y patriarcal que ese sistema fue creado para desarmar.
La discusión, entonces, no termina en un
artículo de la Ley 8024. Empieza ahí. Y su desenlace no depende solo de lo que
diga el reglamento, sino de si las organizaciones de la sociedad civil están
dispuestas a ejercer —no a pedir— la autonomía que la ley y los tratados
internacionales ya les reconocen.
Referencias
Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la
Memoria y la Justicia. (2024). Presentación como Amicus Curiae en favor de
personas privadas de libertad en comisarías (Causa CJS 869904/24). Corte de
Justicia de Salta. https://www.justiciasalta.gov.ar/es/prensa
Comité Provincial para la Prevención de la
Tortura de Salta. (2024). Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo en
favor de personas privadas de libertad en dependencias policiales de la
provincia de Salta. Poder Judicial de Salta.
https://www.justiciasalta.gov.ar/es/prensa
Comité Provincial para la Prevención de la
Tortura de Salta. (2026). Informe Anual 2025: 50 años de Memoria, Verdad y
Justicia. CPTS. https://boletinoficialsalta.gob.ar/
Las organizaciones de derechos humanos del Consejo
Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta
difunden un documento sobre la imperiosa necesidad de autarquía en el diseño
del mecanismo, en el marco del plenario de julio en la Cámara de Diputados. El
texto reconstruye la mora del Poder Ejecutivo en convocar al concurso de
comisionados, que dejó al organismo en acefalía desde febrero, y la pretensión
oficial de eliminar evaluadores externos del tribunal que juzga esos concursos,
reemplazándolos por evaluadores locales. Frente a esa amenaza, un grupo de
organizaciones interpuso una Acción de Amparo Colectivo ante la Corte de
Justicia de Salta. El documento dedica un apartado a la decisión de H.I.J.O.S.
Salta de no acompañar esa demanda, leída como síntoma de degradación
democrática antes que como diferencia táctica. La autarquía, sostienen, es
condición de posibilidad del mecanismo: sin independencia frente al poder
controlado, la prevención de la tortura se vuelve simulacro.
Sintesis auditiva del texto
La autarquía en juego
Apuntes sobre la supervivencia democrática del mecanismo
de prevención de la tortura en Salta
Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de
la Tortura de Salta — Organizaciones de Derechos Humanos
El presente texto constituye una nota de
aclaración y difusión elaborada por las organizaciones de derechos humanos que
integran el Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la
Tortura de Salta (CCCPTS). Se dirige a los sectores miembros del Consejo, a los
funcionarios y funcionarias del Estado provincial involucrados en el proceso, a
los y las periodistas que cubren la agenda de derechos humanos y de
institucionalidad democrática, y al público en general.
Se difunde en el marco de la celebración del
plenario del mes de julio del Consejo Consultivo, realizada en el Salón
Presidencial de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Su propósito
es explicitar, con la mayor claridad posible, por qué la autarquía en el diseño
institucional del mecanismo de prevención de la tortura no es un tecnicismo
administrativo ni una preferencia corporativa de las organizaciones, sino una
condición de posibilidad de su propia razón de ser: sin independencia real
frente al poder que audita, no hay prevención de la tortura sino su simulacro.
1. Lo que está en disputa: el concurso de
comisionados y comisionadas
La Ley Provincial N° 8024 estableció que los
representantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
ante el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta se eligen
mediante concurso público de antecedentes y oposición, por un mandato de cuatro
años. Se trata de un mecanismo pensado, precisamente, para blindar a esa
representación de la discrecionalidad política: quien ocupa la silla del Comité
debe llegar allí por mérito y transparencia, no por designación ni por prórroga
graciosa del gobierno de turno.
Ese diseño legal fue vulnerado por la vía de
los hechos. Pese a que el propio Comité advirtió, ya en junio de 2025, que el
procedimiento demanda un mínimo de seis meses, y pese a que en julio de ese año
las organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos de Salta reiteraron
formalmente la exigencia de convocatoria inmediata, el Poder Ejecutivo
provincial omitió llamar a concurso. El 14 de febrero de 2026 vencieron los
mandatos de los y las comisionadas por la sociedad civil, dejando al organismo
en situación de acefalía y sin quórum legal para sesionar.
El efecto no es menor: al quedar el Comité
integrado únicamente por representación de los poderes políticos, se paraliza
su capacidad resolutiva. Lo que en el papel es una demora administrativa, en
los hechos configura lo que la sociedad civil ha denunciado como una forma de
vaciamiento institucional por la vía de la dilación.
2. El tribunal evaluador: entre el control
externo y la “justicia de familia”
El punto más álgido de la disputa normativa no
es solamente la demora, sino la integración del tribunal evaluador ad hoc
encargado de tomar el concurso. A través de notas oficiales, el Ministerio de
Gobierno de Salta notificó su intención de modificar el Decreto Reglamentario
N° 1139/18 para eliminar la participación de evaluadores externos a la
provincia y reemplazarlos por evaluadores con residencia exclusiva local,
invocando razones de reducción de costos y austeridad.
Las organizaciones de derechos humanos
impugnaron esa pretensión sobre tres pilares que conviene explicitar para el
público no especializado:
Primero, el argumento económico es débil: la modalidad virtual, avalada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y de uso corriente en el ámbito judicial
y académico, permite sostener evaluadores externos sin costos significativos.
Segundo, excluir la mirada externa reinstala una lógica endogámica —lo que
podríamos llamar, siguiendo el diagnóstico de las organizaciones, una “justicia
de familia”— en la que actores insertos en las mismas redes de poder del fuero
local terminan eligiendo a quienes deben auditarlos. La presencia de organismos
como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es, en este
sentido, garantía de independencia técnica frente al poder político de turno.
Tercero, y no menos importante, esa modificación regresiva colisiona con el
principio de no regresividad en materia de derechos humanos: las garantías
institucionales alcanzadas no pueden ser recortadas por vía de decreto
administrativo, en virtud de compromisos internacionales de jerarquía
constitucional.
Ninguno de estos tres argumentos es un
capricho jurídico. Son, en conjunto, la explicación técnica de por qué la
autarquía —entendida como la capacidad del mecanismo de decidir sobre sí mismo
sin injerencia del poder controlado— es la condición sin la cual el organismo
deja de cumplir su función.
3. La judicialización como ejercicio
democrático, no como último recurso
Frente a la vacancia consumada y la amenaza
inminente sobre el tribunal evaluador, la Asociación Civil Miguel Ragone por la
Verdad, la Memoria y la Justicia, junto con organizaciones de la Mesa de
Derechos Humanos de Salta, interpusieron una Acción de Amparo Colectivo ante la
Corte de Justicia de Salta. La demanda reclama en representación del derecho
colectivo de la población privada de la libertad a contar con un mecanismo
independiente, y en nombre del derecho propio de las organizaciones a proponer y
elegir sus candidaturas en condiciones de imparcialidad.
La acción judicial remarca, además, que
debilitar la selección civil coloca a la Provincia de Salta —e indirectamente
al Estado argentino— en situación de incumplimiento frente a los Principios de
París y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT),
compromisos asumidos ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las
Naciones Unidas.
Vale una aclaración conceptual para el público
general: en el litigio estratégico de derechos humanos, el valor de una demanda
no se agota en si el tribunal local falla a favor. Interponerla agota la vía
interna y habilita, eventualmente, la reserva de caso federal y el acceso a la
jurisdicción internacional ante la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Litigar es, en sí mismo, un acto de afirmación institucional,
incluso cuando el resultado inmediato es adverso.
4. El síntoma más preocupante: el repliegue de
H.I.J.O.S. Salta
Es en este punto donde las organizaciones de
derechos humanos miembros del Consejo Consultivo consideran imprescindible
detenerse, porque lo ocurrido no es un desacuerdo táctico entre organizaciones
sino, a nuestro juicio, un síntoma de degradación democrática que excede el
caso puntual.
La Agrupación H.I.J.O.S. Salta (Hijos e Hijas
por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) no es una
organización más dentro del campo de derechos humanos provincial. Nacida en la
década de 1990 como respuesta a la impunidad consagrada por las leyes de
obediencia debida, punto final y los indultos, H.I.J.O.S. ha sido en Salta un
emblema de la vanguardia política y querellante: su legitimidad social fue el
combustible histórico de conquistas institucionales como la propia Ley 8024 y
la conformación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Cumplió,
además, un rol determinante en la reapertura y el juzgamiento de los dieciocho
juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia.
Frente a la mora del Ejecutivo y la amenaza
sobre el jurado evaluador, sin embargo, H.I.J.O.S. Salta decidió no acompañar
la firma de la demanda de Amparo Colectivo impulsada por el resto de las
organizaciones de la Mesa. Fundamentó esa abstención en razones pragmáticas:
preservar la “unidad” del movimiento por sobre el reclamo formal, y un cálculo
de inviabilidad frente a una Corte de Justicia local percibida como impermeable
a los reclamos del campo transicional.
Desde la perspectiva de quienes sostuvimos la
vía judicial, esa decisión constituye un gesto de regresión institucional que
merece ser analizado con la mayor honestidad posible, precisamente por el lugar
histórico que ocupa quien la adopta.
Tres proposiciones sobre una decisión
regresiva
Proponemos leer el repliegue de H.I.J.O.S. no
como un hecho aislado, sino como la expresión de tres mecanismos que, en
distintas escalas, explican cómo se degrada la función de control democrático
incluso desde dentro del propio campo de derechos humanos.
La trampa del pragmatismo administrativo. La idea de que “es mejor un comité imperfecto
funcionando que un organismo paralizado por un pleito judicial” revela la
adopción, aunque no se lo proponga, de una lógica estatalista. Priorizar la
continuidad formal por sobre la autarquía real es confundir la supervivencia de
los cargos con la efectividad de la función de control. Es, en el fondo,
aceptar la premisa del controlado —el propio Poder Ejecutivo—, dejando que sea
él quien fije los plazos y la calidad de quienes lo van a auditar, con tal de
que el organismo siga abierto.
El riesgo no es que el mecanismo
desaparezca de un día para el otro, sino que sobreviva vaciado de la
independencia que le da sentido.
El cálculo de inviabilidad como profecía
autorrealizada. Sostener que
la vía judicial es inviable por la composición de la Corte Provincial es,
además de un argumento jurídicamente débil, una forma de anticipar la derrota
antes de intentarlo. En el litigio estratégico de derechos humanos, presentar
la demanda ante la instancia local es precisamente lo que habilita, después, la
apertura de la jurisdicción internacional. Abandonar esa instancia por temor al
resultado interrumpe la cadena de impugnación y deja, en los hechos, sin
herramientas a las personas privadas de la libertad que dependen de un
organismo legítimamente integrado.
La falsa dialéctica entre unidad e
independencia. Invocar la
“unidad de las organizaciones” como valor absoluto terminó, en este caso,
justificando la inacción colectiva frente a un retroceso normativo flagrante.
Pero la unidad de un movimiento no se construye sobre la homogeneización del
silencio ni sobre la aceptación pasiva del vaciamiento institucional: se
construye sobre la defensa irrestricta de la independencia frente al Estado.
Anteponer la foto de unidad a la exigencia de un concurso transparente
convierte la autonomía —que debería ser un principio— en una variable
negociable según la coyuntura política del gobierno de turno.
Nombrar estas tres proposiciones no es un
ejercicio de reproche hacia una organización con una trayectoria que el propio
Consejo Consultivo reconoce y valora. Es, más bien, un ejercicio de honestidad
institucional: si incluso una agrupación con la legitimidad histórica de
H.I.J.O.S. puede desplazarse, en un caso concreto, hacia una lógica de
acomodamiento con el poder que debe controlar, entonces el riesgo de
mimetización burocrática no es una hipótesis abstracta sino una posibilidad
real dentro de cualquier mecanismo de prevención, incluido el nuestro.
5. Por qué esto importa más allá del campo de
derechos humanos
Quien no participa cotidianamente del trabajo
de monitoreo de comisarías y unidades carcelarias podría preguntarse por qué un
conflicto sobre la integración de un tribunal evaluador merece tanta atención.
La respuesta tiene que ver con lo que, en el trabajo del Consejo Consultivo,
llamamos la porosidad del Estado: la idea de que las instituciones de encierro
—y el propio aparato estatal que las administra— solo dejan de ser opacas
cuando existe una mirada externa, técnica e independiente, capaz de entrar allí
donde el poder preferiría que no entrara nadie.
Un mecanismo de prevención de la tortura sin
autarquía no deja de existir formalmente, pero deja de cumplir su función.
Sigue teniendo nombre, sede y presupuesto, pero pierde la capacidad de decir lo
que hay que decir cuando hay que decirlo. Por eso la disputa por el concurso de
comisionados, por la composición del tribunal evaluador y por la respuesta
judicial ante su vulneración no es un problema interno de las organizaciones:
es un indicador de la salud democrática de la provincia en su conjunto, y una prueba
concreta de si el Estado está dispuesto a ser controlado o solo a aparentarlo.
En el marco del plenario de julio
Este texto se difunde con motivo del plenario
del Consejo Consultivo celebrado en el Salón Presidencial de la Cámara de
Diputados. Las organizaciones de derechos humanos que lo integramos
consideramos que ese ámbito —el de la Legislatura provincial— es el lugar
adecuado para poner en común, con transparencia, el estado del conflicto en
torno a la autarquía del mecanismo: la mora del Ejecutivo, la amenaza sobre el
tribunal evaluador, el estado de la Acción de Amparo Colectivo y el debate que
aquí hemos querido dar a conocer sobre los límites del pragmatismo
institucional.
No se trata de exigir unanimidad de tácticas
entre organizaciones que comparten un mismo horizonte de derechos humanos. Se
trata de sostener, sin ambigüedad, que la prevención de la tortura en Salta
solo será una política de Estado innegociable si el mecanismo que la ejecuta
permanece autárquico frente a quien debe controlar. Cualquier otra fórmula, por
más razonable que suene en el corto plazo, es una concesión que tarde o
temprano el gobierno de turno terminará cobrando.
En el marco del plenario de julio del Consejo Consultivo,
celebrado en el Salón Presidencial de la Cámara de Diputados de Salta, el
CCCPTS a través de sus representantes de organizaciones de derechos humanos, difunde
una publicación de aclaración dirigida a las organizaciones que lo integran, a
los funcionarios involucrados, a periodistas y al público en general. El texto
explica, en lenguaje accesible, cómo está diseñado el mecanismo local de
prevención de la tortura creado por la Ley 8024: por qué existen dos organismos
distintos —el Comité Provincial, de carácter técnico y operativo, y el Consejo
Consultivo, de carácter político y social— y qué garantías institucionales
(descentralización, autonomía funcional y autarquía) sostienen su
funcionamiento. La publicación repasa además las razones históricas de este
diseño: evitar que el Estado se controle a sí mismo, impedir que el poder de
turno maneje a discreción a quien lo audita, y sostener un equilibrio entre el
rigor técnico y el respaldo social imprescindible para que las recomendaciones
no queden archivadas.
Síntesis auditiva del texto
Salta, 29 de julio de 2026
El diseño del mecanismo local salteño de prevención de
la tortura
Una publicación de aclaración y difusión del Consejo
Consultivo
El Consejo Consultivo del Comité Provincial
para la Prevención de la Tortura de Salta (CCCPTS) a través de sus
representantes miembros de organizaciones de derechos humanos de Salta, acerca
esta publicación a las organizaciones y sectores que lo integran, a los
funcionarios y funcionarias involucrados en el sistema provincial de
prevención, a periodistas y comunicadores, y al público en general. Se difunde
en el marco de la sesión plenaria del mes de julio del Consejo Consultivo,
celebrada en el Salón Presidencial de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia, y se realiza en articulación con el Diputado Gerardo Mendaña, miembro
representativo en el Consejo, la Legislatura provincial, en cuyo recinto se
sancionó, precisamente, la norma que aquí se explica.
El propósito es sencillo y a la vez
políticamente relevante: explicar, en un lenguaje accesible, cómo está diseñado
el mecanismo salteño de prevención de la tortura, por qué existen dos
organismos distintos que trabajan de manera articulada —el Comité Provincial
y este Consejo Consultivo— y qué garantías institucionales sostienen su
funcionamiento. Explicar el diseño institucional es, en sí mismo, un acto de
transparencia y de apertura del Estado hacia la sociedad civil, las comunidades
del interior provincial y la ciudadanía en general, que hace a la esencia
democrática que este mecanismo está llamado a encarnar.
1. Un sistema escalonado: lo
internacional, lo nacional y lo local
Para comprender cómo se protege a las personas
privadas de la libertad frente a tratos inhumanos o torturas conviene imaginar
una red de protección organizada en tres niveles escalonados, que se sostienen
y exigen mutuamente.
•Nivel internacional: el sistema nace en el seno de las Naciones Unidas con el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT). Su aporte central es
entender que no alcanza con prohibir la tortura en el papel: el Estado debe
permitir que organismos independientes ingresen sin aviso previo a cualquier
lugar de encierro —comisarías, unidades penitenciarias, dispositivos de salud
mental— para verificar en los hechos qué ocurre puertas adentro.
•Nivel nacional: la Argentina adoptó ese compromiso internacional mediante la Ley
Nacional 26.827, que creó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
(CNPT) y exigió a cada provincia constituir su propio mecanismo local,
respetando los Principios de París: independencia, participación ciudadana y
autonomía de recursos.
•Nivel local (Salta): la Provincia sancionó la Ley Provincial 8024, que derogó a la anterior
Ley 7733 por no satisfacer las exigencias de independencia requeridas, y dio
nacimiento al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de Salta.
Ningún nivel funciona de manera aislada: el
diseño local salteño es, en ese sentido, el eslabón provincial de un compromiso
que compromete simultáneamente a la comunidad internacional, al Estado nacional
y a la Provincia.
2. La llave del sistema: tres
garantías que sostienen el control
Para que un mecanismo de control resulte
efectivo frente a las fuerzas de seguridad o el sistema penitenciario —y no se
convierta en una formalidad sin consecuencias— necesita sostenerse sobre tres
garantías fundamentales.
•Descentralización: el control no puede ejercerse únicamente desde una oficina en Buenos
Aires o en la Capital salteña. Debe poder llegar a cada comisaría y
destacamento del interior provincial, incluidas las zonas de mayor marginalidad
geográfica y social, como el Departamento de Anta o el Norte provincial, donde
la distancia respecto de los centros de decisión suele traducirse en menor
escrutinio.
•Autonomía funcional: el organismo no recibe instrucciones de ninguna autoridad pública —ni
del Gobernador, ni de los Ministros, ni del Poder Judicial— y decide libremente
cuándo, dónde y cómo inspeccionar.
•Autarquía financiera y administrativa: maneja sus propios recursos económicos y administrativos, para no
quedar expuesto a ser asfixiado o presionado mediante recortes presupuestarios
o designaciones arbitrarias.
A estas tres garantías se suman dos principios
que atraviesan todo el sistema: la no dependencia —quien audita no puede
depender, en su cargo ni en su sueldo, de quien está siendo auditado— y la
prevención directa, que ubica el valor del mecanismo en las visitas sorpresivas
a las celdas, las entrevistas a solas con las personas detenidas y las
recomendaciones técnicas de cumplimiento obligatorio para el Estado.
3. Dos engranajes, una misión:
el Comité y el Consejo Consultivo
La Ley Provincial 8024 diseñó una arquitectura
institucional compuesta por dos engranajes centrales, que trabajan en equipo
pero cumplen funciones claramente diferenciadas.
El Comité Provincial para la Prevención de la
Tortura (CPTS)
Es el brazo operativo y técnico del sistema.
Está integrado por Comisionados seleccionados mediante concursos públicos de
antecedentes y oposición, entre los cuales hay representantes elegidos por las
organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y por los poderes del
Estado —Senado, Diputados y Ejecutivo—. Es quien ingresa a los lugares de
encierro, mide las condiciones materiales de las celdas, entrevista a las
personas privadas de su libertad, presenta acciones de hábeas corpus colectivos
y exige soluciones urgentes a los poderes Ejecutivo y Judicial.
El Consejo Consultivo (CCCPTS)
Es el motor político, social e
interinstitucional del sistema. Es el espacio donde se sientan en la misma mesa
representantes de organizaciones de derechos humanos —como la Asociación Miguel
Ragone, Familiares, Liga Argentina, H.I.J.O.S., Lucrecia Barquet o Coca
Gallardo—, la Universidad Nacional de Salta, representantes indígenas (IPPIS),
el Colegio de Abogados, el Poder Judicial, la Legislatura provincial y
colectivos sociales como ANDHES o Mujeres Trans Argentina (MTA). Su función es
asesorar al Comité, debatir las problemáticas territoriales de fondo, aprobar
ampliaciones comunitarias, proponer recomendaciones legislativas y actuar como
escudo institucional frente a presiones o intentos de vaciamiento del Comité.
En otras palabras: el Comité aporta la mirada
técnica y jurídica; el Consejo Consultivo aporta la densidad política,
territorial y social sin la cual esa mirada técnica corre el riesgo de quedar
confinada a un informe sin consecuencias públicas.
4. Por qué se diseñó así: las
razones de este entramado institucional
El diseño de esta arquitectura no es
arbitrario: responde a razones históricas y estratégicas concretas, que
conviene explicitar.
•Evitar la endogamia institucional y la
“justicia de familia”: si el Estado fuera el
único encargado de auditarse a sí mismo, las denuncias de violencia
institucional correrían el riesgo de quedar diluidas entre conocidos o redes de
favoritismo local. La presencia obligatoria de la sociedad civil y el monitoreo
externo —incluida la articulación con el Comité Nacional— rompe ese aislamiento
y aporta transparencia e imparcialidad.
•Evitar que el Estado controle al controlador:
la experiencia institucional muestra que,
cuando un gobierno busca silenciar las críticas, suele recurrir a designar a
dedo a quienes deben auditarlo, recortar su presupuesto o modificar sus
reglamentos. El esquema de la Ley 8024 busca precisamente impedir que el Poder
Ejecutivo decida arbitrariamente quién audita los lugares de encierro.
•Equilibrio entre eficacia técnica y respaldo
social: el Comité, por sí solo, aporta rigor técnico y
legal. Pero para que esas recomendaciones no queden archivadas en un cajón
administrativo, necesita la densidad política y social del Consejo Consultivo,
que visibiliza las problemáticas, genera debate público e impulsa cambios
efectivos en la comunidad.
5. A modo de cierre: un diseño
al servicio de la porosidad del Estado
Compartir estas explicaciones en el propio
recinto de la Cámara de Diputados, en el marco del plenario de julio, es la
puesta en acto de la razón de ser de este entramado institucional: que el
Estado se vuelva permeable a las voces que llegan desde los márgenes
geográficos y sociales de la Provincia, y que el control de los lugares de
encierro deje de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un
proyecto político y democrático compartido.
El Consejo Consultivo reitera su disposición a
seguir explicando, difundiendo y fortaleciendo este diseño institucional junto
a las organizaciones que lo integran, los poderes del Estado y la ciudadanía
salteña en su conjunto.
Marco
normativo de referencia
Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (OPCAT) · Ley Nacional 26.827 · Ley Provincial 8024
(Salta).
Por primera vez, el debate sobre cárceles y comisarías de Salta se trasladó al recinto de la Legislatura. Allí, comisionados, organizaciones de derechos humanos, pueblos originarios, el colectivo trans y legisladores expusieron ante un Comité Provincial para la Prevención de la Tortura sin quórum, sin presupuesto propio y con concursos de comisionados demorados desde hace más de un año. Ramón Corregidor y Blanca Lescano denunciaron una "muerte administrativa" del organismo; Alicia Yurquina describió una "justicia monocultural" en las comisarías del interior; Pía Ceballos exigió justicia por la muerte de Fernanda Arias en una comisaría de Rosario de Lerma. Frente a ese cuadro, la subsecretaria Lizzy Mejías ofreció, en nombre del Ejecutivo, promesas de regularización y una reglamentación "comunitaria" de la Ley Octorina. La Dra. Ada Zunino, Presidenta del Ministerio Público de la Defensa, aportó una mirada de gestión: anunció la descentralización de la Defensa Pública hacia Cachi y Anta, y habilitó el descargo del Defensor Salinas, cuestionado por el propio Comité. Al cerrar el encuentro, Fernando Pequeño Ragone, agradeció especialmente a Zunino y reafirmó que el sentido último del Consejo es "reforzar y defender las instituciones democráticas representativas". El plenario, el tercero consecutivo del año, dejó planteado un horizonte común: que el propio Consejo Consultivo se dote de un reglamento interno que no dependa de la voluntad política de turno para sostener su funcionamiento.
El
Consejo Consultivo en la Casa del Pueblo
Crónica
del tercer plenario del Consejo Consultivo del Comité para la Prevención de la
Tortura de Salta
Legislatura
de la Provincia de Salta, 27 de julio de 2026
Desarrollado
con asistencia de Notebook Gemini y Claude IA
El plenario del Consejo Consultivo del Comité para la Prevención de la
Tortura de Salta (CCCPTS) del 27 de julio de 2026 no se realizó en una oficina
administrativa ni en un salón universitario, como en encuentros anteriores,
sino en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia. La elección del
lugar no fue un dato menor ni casual: llevar el debate sobre cárceles,
comisarías y muertes en custodia al corazón del Poder Legislativo buscó, desde
el inicio, tender un puente entre la sociedad civil que monitorea los lugares
de encierro y los representantes que sancionan y controlan las leyes que rigen
ese monitoreo.
El propio diputado Luis Mendaña, al dar la bienvenida, definió a la
Legislatura como "la casa del pueblo", subrayando que los
representantes del pueblo necesitan de "toda la sociedad" para que su
trabajo sea eficiente. Esa frase resume el sentido de la convocatoria: exhibir
ante los legisladores, en su propio ámbito de trabajo, el estado real de los
lugares de detención de la provincia, y comprometerlos de manera directa con
las soluciones. La reunión convocó, en un mismo recinto, a diputados y
senadores, a la conducción interina del Comité, a la nueva Defensora General, a
un defensor oficial del interior provincial y a referentes de organizaciones
sociales, indígenas y de la diversidad sexo-afectiva, en una fotografía
institucional inusual que expresa la intención de "densificar" —según
la expresión reiterada por el moderador Fernando Pequeño Ragone— la
representación del Consejo Consultivo.
El plenario se desarrolló en un escenario de fuerte fragilidad
institucional para el Comité Provincial. A lo largo del encuentro, distintos
interlocutores describieron una seguidilla de carencias: la falta de un
presupuesto propio a pesar de que la Ley 8024 declara la autarquía del
organismo; la dependencia administrativa del Ministerio de Gobierno para
autorizar viáticos y traslados destinados a las visitas de monitoreo; la
pérdida de la Secretaría Ejecutiva y del personal técnico y administrativo; y, sobre
todo, la falta de quórum, provocada por el vencimiento de los mandatos de dos
comisionados representantes de organismos de derechos humanos y por la renuncia
de quien presidía el organismo para pasar a integrar el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura (CNPT).
A ese cuadro se sumó la disputa en torno al reglamento de los concursos
para cubrir esas vacantes: el Poder Ejecutivo impulsa una reforma para acortar
plazos y para que los tribunales evaluadores se integren únicamente con jurados
residentes en Salta, mientras que los organismos de derechos humanos reclaman
mantener la posibilidad de evaluadores externos, ofreciendo incluso recurrir a
evaluaciones virtuales. Ese conflicto, judicializado, atraviesa como telón de
fondo casi todas las intervenciones del plenario, y explica por qué el
encuentro tuvo, a la vez, tono de rendición de cuentas técnica y de alerta
institucional.
Para comprender el sentido del plenario es necesario distinguir —y a la
vez vincular— dos estructuras que la Ley 8024 concibió como complementarias. El
Comité Provincial para la Prevención de la Tortura es el órgano técnico y
permanente: un cuerpo de comisionados con mandato, dependencia administrativa
formal y facultades de monitoreo, que realiza visitas a cárceles y comisarías,
elabora informes anuales y sostiene un registro propio de muertes en contexto
de encierro. Es, en palabras de su propio presidente interino, Andrés
Giardamachi, tanto una herramienta de rendición de cuentas legal como un
instrumento de producción de conocimiento técnico sobre el sistema de encierro.
El Consejo Consultivo, en cambio, es un espacio más amplio y plural, sin
la rigidez de un cuerpo colegiado de comisionados: reúne a legisladores,
integrantes del Poder Judicial y la Defensa, funcionarios del Ejecutivo y
organizaciones de la sociedad civil. Su propio moderador fue explícito al
respecto en el cierre del encuentro: "El Consejo Consultivo no es un
tribunal"; es, dijo, "un ámbito de buena fe" pensado para que
todas las partes se sientan "parte de las soluciones y no del
problema". Esa apertura, reconoció el mismo Pequeño Ragone, tiene un
costo: por ser "más abierto" y "menos técnico y preciso"
que el Comité, la información que allí circula puede trascender de un modo que
el Comité, por su carácter más reservado, evita.
La relación entre ambos cuerpos quedó de manifiesto en el modo en que el
Consejo funcionó, durante los últimos meses, casi como sostén del Comité:
mientras este último atraviesa la acefalía y la falta de quórum, el espacio
consultivo mantuvo la continuidad del debate público sobre la situación
carcelaria y policial de la provincia, incorporando nuevas voces territoriales
para compensar el vaciamiento de representación que sufría el organismo
técnico. El plenario de julio, así, no fue solamente la presentación de un
informe: fue también el escenario en el que esa complementariedad —y sus
tensiones— se hizo visible ante los propios poderes del Estado.
Fernando Pequeño Ragone, referente de la Asociación Miguel Ragone y
moderador del encuentro, abrió el plenario disculpándose ante legisladores y
asistentes por una "desconexión" en la organización del espacio
físico, dado que la convocatoria había superado las expectativas previstas. A
continuación presentó la hoja de ruta del encuentro: la exposición del Informe
Anual 2025 por parte del Comité, la palabra institucional de la Defensoría
General, las voces de las comunidades originarias y de la comunidad trans, y el
reclamo por la integración pendiente del propio Comité. Explicó que el objetivo
del orden del día era "densificar la representación" del Consejo con
las voces de los sectores más vulnerables, y fijó un límite de una hora y media
de exposiciones para dejar un espacio final de intercambio.
En el marco de la jornada de trabajo del Consejo Consultivo,
Fernando Pequeño presentó el orden del día con el objetivo de optimizar
el tiempo de las exposiciones e intercambios [00:00].
La reunión, con una duración planificada de hora y media [01:10], incluye la apertura a cargo del diputado Mendaña [00:13] y la presentación del informe de gestión del Comité
para la Prevención de la Tortura [00:20]. Además, cuenta con la intervención de la jefa del
Ministerio Público de la Defensa, Sra. Zulino [00:33], y representantes de comunidades originarias y
colectivos LGBT+ para fortalecer la pluralidad de voces en el espacio [00:42]. El cierre abordará aspectos de integración del
comité presentados por Blanca Lescano [01:00].
Apenas concluida la presentación del orden del día, el Dr. Juan Manuel
Salinas, Defensor Oficial de Anta, interrumpió el desarrollo del plenario.
Relató que había recibido la invitación "cordialmente por WhatsApp"
del propio Pequeño Ragone, salteando los canales del Ministerio Público de la
Defensa, y que se enteró de que no figuraba en la lista de oradores al llegar
al recinto después de recorrer 220 kilómetros desde Anta. El motivo de fondo de
su malestar era una publicación del diario Página 12, basada según él en un
informe del Comité, que consideraba difamatoria de su desempeño profesional.
Pidió expresamente un lugar en la mesa principal, en tanto se consideraba
"directamente el involucrado y afectado" por esa publicación, y cerró
su primera intervención con una frase tajante: "No hay nada que aclarar.
Yo no estoy conforme ahora".
Ante el reclamo, Pequeño Ragone le ofreció una silla en la mesa principal
y aclaró que no habían recibido confirmación previa de su asistencia. Por su
parte, Andrés Giardamachi tomó la palabra para deslindar al Comité de la
autoría de la nota periodística, explicar que el organismo trabaja con
entrevistas confidenciales a personas detenidas cuyas alegaciones se toman como
información válida desde una perspectiva de derechos humanos, y pedir disculpas
al defensor si se había sentido difamado, sin dejar de sostener el valor del
testimonio recogido en el monitoreo.
El Diputado Luis Mendaña, representante de la Cámara de Diputados en el
Consejo Consultivo, dio la bienvenida definiéndose junto a sus pares como
"fieles defensores del comité". Recordó que durante el año anterior
los propios diputados habían sido objeto de cuestionamientos por parte del
organismo, situación que —dijo— se resolvió mediante el diálogo. Señaló que
sostener institutos como el Comité es necesario más allá de los vaivenes de las
políticas nacionales, ya que hay momentos en que los gobiernos acompañan el
reclamo por la garantía de los derechos humanos y otros en que es necesario
insistir con mayor firmeza. Cerró su intervención invitando a que la
Legislatura funcione como "la casa del pueblo", abierta a
"reclamos, cosas buenas, cosas malas".
Andrés Giardamachi, presidente interino del Comité, presentó el Informe
Anual 2025, documento que definió con un doble carácter: rendición de cuentas
obligatoria por mandato legal y, a la vez, trabajo académico de utilidad para
quienes estudian el contexto de encierro, particularmente de cara a la reforma
del sistema acusatorio en el Código Procesal Penal de Salta. Explicó que el
informe recoge además una mirada comparativa sobre los cuatro años de la
primera gestión del organismo, iniciada en 2022.
En el plano del diagnóstico, distinguió entre la "capacidad
declarada" del sistema carcelario —el cupo que fija el Poder Ejecutivo
según camas disponibles— y la "capacidad real", calculada según
estándares internacionales y del Comité Nacional que consideran iluminación,
ventilación y acceso a la salud: mientras la sobrepoblación oficial ronda el
40%, bajo esos estándares el sistema está excedido en un 145%. Informó también
que durante 2025 el Comité relevó prácticamente la totalidad de las comisarías
de la provincia, y que, en un convenio con el CONICET, se determinó que el 73%
de la población carcelaria no accede a instancias educativas. Mencionó el
incendio ocurrido en la Alcaidía en 2025, con una persona fallecida, como un
"punto bisagra" que llevó al Comité a reformular sus protocolos de
visita exigiendo elementos de prevención de incendios y catástrofes. Por
último, explicó que el Comité mantiene un registro propio de muertes en
contexto de encierro, complementario —no sustitutivo— de la investigación penal
que corresponde al Ministerio Público Fiscal, con el fin de identificar
patrones y prevenir muertes futuras.
En el recinto legislativo, el presidente interino del Comité
Provincial para la Prevención de la Tortura, Andrés Giardamacchi,
presentó el Informe Anual 2025, el cual marca el cierre de la primera gestión
de cuatro años del organismo [00:00, 03:35]. Este documento funciona como rendición de cuentas e
insumo científico y técnico comparativo de la situación carcelaria [02:27, 03:50].
El informe se divide en tres ejes centrales:
Memoria
institucional: Resumen de actuaciones, formación, acceso a la justicia
y vinculación del período 2025 [04:19].
Situación
de las personas privadas de la libertad: Análisis sobre la
sobrepoblación carcelaria, que supera la capacidad real de los
establecimientos, y síntesis de monitoreos [05:16, 07:19].
Temas
de interés general: Acuerdos con el CONICET sobre educación en
contexto de encierro [07:53], actualización de protocolos preventivos tras
el incendio en la Alcaidía [08:46] y el Registro de Muertes bajo Custodia
Provincial [09:40].
El trabajo concluye con un anexo comparativo sobre las
estrategias de intervención del comité entre 2022 y 2025 [11:01].
El comisionado Ramón Corregidor centró su intervención en tres ejes: la
ausencia de una autarquía real, la parálisis por falta de quórum y el
desfinanciamiento sistemático del organismo. Recordó que el Artículo 5 de la
Ley 8024 declara al Comité autónomo y con recursos propios, pero que en cuatro
años de gestión nunca contaron con presupuesto propio, debiendo solicitar
autorización y viáticos al Ministerio de Gobierno incluso para monitoreos que
la ley exige confidenciales y autónomos. Señaló que, ante esa carencia, los
propios comisionados pusieron vehículos y recursos personales para sostener las
visitas.
Sobre el quórum, informó que faltan cubrir tres cargos —uno del Poder
Ejecutivo y dos de organizaciones de derechos humanos— y relató que, pese a
haberse solicitado formalmente en julio de 2025 la convocatoria a concurso, el
entonces Ministro de Gobierno no la realizó, dejando al organismo con apenas
dos comisionados activos y un presidente interino. Mencionó además que el
intento del Ejecutivo de modificar el reglamento de designaciones se encuentra
judicializado. Denunció, por otra parte, que el Comité perdió la Secretaría
Ejecutiva —cubierta por concurso pero nunca formalizada por el gobierno— y su
personal contable y administrativo, y que un representante designado por la
Cámara de Diputados en marzo de 2026 tampoco recibió su resolución ni el pago
de haberes. Calificó el conjunto como una "política sostenida
sistemáticamente de negar los derechos que prevé la ley 8024", sin dejar
de reivindicar los avances logrados con los años de visitas, como la apertura
de consultorios médicos en unidades penitenciarias y el cierre de comisarías en
condiciones críticas.
Durante la presentación del Informe Anual 2025 del Comité
Provincial para la Prevención de la Tortura, el consejero Ramón Corregidor
expuso las severas limitaciones operativas e institucionales que enfrenta el
organismo debido al incumplimiento sistemático del Ejecutivo provincial [00:27, 00:56].
Corregidor advirtió sobre:
Falta
de autonomía financiera: El comité no cuenta con presupuesto propio
tras cuatro años de gestión, dependiendo de la asignación discrecional de
viáticos para el monitoreo en la provincia [00:56, 01:33].
Acefalía
y pérdida de quórum: El Gobierno omitió convocar a concursos para
cubrir cargos de comisionados de ONGs y la Secretaría Ejecutiva, además de
no cubrir vacantes de personal técnico [02:16, 03:29, 04:05].
Pese a este escenario, destacó los logros de gestión frente
al hacinamiento, como la apertura de un consultorio médico, el
acondicionamiento de comisarías y avances en infraestructura carcelaria [06:34, 07:41, 08:12].
Finalmente, llamó al Consejo Consultivo y a las autoridades
a respaldar al comité para regularizar su funcionamiento y garantizar el
cumplimiento de los tratados de derechos humanos con rango constitucional [08:56, 09:21].
La Dra. Tania Kiriaco, asesora legal del Comité, expuso la situación de
las mujeres madres y embarazadas detenidas en la Unidad Carcelaria N.° 4, único
establecimiento que aloja a esa población. Describió que la "Sala de
Madres" funciona en parte como depósito de colchones y elementos en
desuso, sin condiciones adecuadas para los tres niños que allí conviven con sus
madres; que falta agua fría y caliente, sanitarios adecuados, un médico
pediatra y una ambulancia de emergencia; y relató que, el año anterior, un niño
nació dentro de la cárcel por no llegar a tiempo el traslado a un hospital.
Afirmó que "un niño que nace hoy en una cárcel es un niño condenado
por el sistema", y señaló que el Estado no provee alimentos básicos ni
cochecitos, por lo que el Comité y el Colegio de Abogados debieron realizar
donaciones particulares. Explicó también que, a pesar de las gestiones del
Comité, no se ha logrado la cooperación necesaria para sustituir condenas por
prisión domiciliaria en estos casos. Invocó el cumplimiento de las Reglas de
Bangkok de las Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres reclusas, y
recordó que el equipo del Comité recibió el Premio Zola por su trabajo con
perspectiva de género.
Durante la presentación del Informe Anual 2025 del Comité
Provincial para la Prevención de la Tortura, la asesora legal Tania Kiriaco
expuso la grave situación que enfrentan las mujeres alojadas en la Unidad
Carcelaria N.° 4 de Salta, especialmente embarazadas, lactantes y quienes se
encuentran con sus hijos pequeños [00:21, 00:43].
Kiriaco advirtió sobre la falta de infraestructura adaptada
[01:04], deficiencias edilicias en las salas de madres [01:26], la imposibilidad de garantizar la cadena de frío
para los alimentos [01:53] y serias deficiencias en el acceso a la salud, como
la ausencia de pediatras y ambulancias de emergencia [02:44, 02:52].
Ante la vulneración de las Reglas de Bangkok y del Interés
Superior del Niño [03:20, 04:18], se remarcó la urgente necesidad de:
Aplicar
medidas sustitutivas como el arresto domiciliario [03:52, 05:00].
Establecer
un plan de salud integral para madres e infantes [05:10].
Incorporar
la perspectiva de género y de derechos humanos en el sistema penitenciario
[05:17, 06:07].
Rodrigo Solá, primer presidente del Comité y actual representante en el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, repasó la primera gestión del
organismo. Subrayó que la Ley 8024 no creó solamente un comité sino un sistema
integral en el que deben confluir los tres poderes del Estado, la Universidad
Nacional de Salta y la sociedad civil, y que los primeros cuatro años se
dedicaron a lograr que todos esos actores se sentaran en la misma mesa del
Consejo Consultivo.
Detalló el activismo judicial desarrollado frente a la crisis de las
comisarías: al inicio de esa etapa había 750 personas detenidas en dependencias
policiales, algunas cumpliendo condenas de hasta 20 años y permaneciendo en
comisarías por hasta 8 años, lo que llevó a presentar un hábeas corpus
colectivo, aún abierto. Mencionó, como resultado concreto, el acuerdo de marzo
del año anterior para atender la situación de las comisarías 42 y 45 de
Tartagal, con traslados progresivos y cierre de alojamientos sin condiciones
mínimas.
Describió la evolución de la relación con el Poder Ejecutivo: de
recomendaciones inicialmente resistidas a un vínculo de consulta técnica,
ejemplificado en que el Servicio Penitenciario terminó pidiendo opinión al
Comité sobre protocolos de sujeción química o mecánica. Explicó que, frente a
la falta de acceso a la salud —principal causa de denuncia, por encima de los
malos tratos físicos— y a las excusas de falta de presupuesto o de móviles, el
Comité impulsó llevar a los médicos de salud pública a los penales, lográndose
consultorios externos en la Unidad 1 de Villa Las Rosas y proyectándose lo
mismo para la Unidad 4. Sobre la interpelación del Defensor Salinas, respaldó
la metodología del Comité, aclarando que las alegaciones recibidas de forma
confidencial se informan a la Defensoría General para que ella intervenga, sin
que ello implique darlas por ciertas. Confirmó haber constatado personalmente,
en comisarías del sur y sudeste provincial, condiciones de detención
inadecuadas, incluyendo hacinamiento extremo. Cerró mencionando un artículo de
su autoría sobre las estrategias de intervención del Comité y su participación
en un cortometraje sobre hijos de desaparecidos que se convirtieron en abogados
de juicios de lesa humanidad.
En su intervención dentro del Consejo Consultivo, Rodrigo
Solá, ex presidente e integrante del Comité Provincial para la Prevención
de la Tortura durante el período 2025 [00:01], realizó un balance reflexivo sobre los primeros
cuatro años de labor del organismo, destacando el valor del trabajo articulado
con los tres poderes del Estado, la Universidad Nacional de Salta y las
organizaciones de derechos humanos [00:36, 00:59].
Solá resaltó las principales líneas de acción desarrolladas:
Monitoreos
integrales: Ampliación de las inspecciones a comisarías, unidades
penitenciarias, dispositivos de penal juvenil, hogares residenciales y
centros de salud mental [02:52, 03:19].
Intervenciones
judiciales estratégicas: Presentación de acciones de hábeas corpus
para abordar la sobrepoblación en comisarías, promoviendo soluciones
conjuntas con el Poder Ejecutivo [04:16, 04:54].
Salud
e infraestructura: Soluciones interinstitucionales de bajo costo, como
la creación de consultorios médicos externos en las penitenciarías [09:30] y el impulso de protocolos preventivos y de
recomendación técnica [07:04, 08:17].
El ex titular concluyó reafirmando la importancia de
sostener la mirada crítica y el diálogo colaborativo para garantizar la
reincorporación social y el respeto de los derechos humanos [03:50, 07:38].
Cristina Cobos, excomisionada del Comité en representación de organismos
de derechos humanos, felicitó a quienes concluyeron el Informe Anual 2025,
señalando que su elaboración se había demorado por la remoción de la Secretaría
Ejecutiva y la renuncia de Rodrigo Solá a la presidencia. Explicó que su propio
mandato y el de Ramón Corregidor habían finalizado el 12 de febrero de 2026, lo
que les impidió terminar personalmente el documento.
Remarcó que el Comité se encuentra hoy "sin quórum", con solo
dos comisionados activos —Giardamachi y Corregidor— y la asesora Tania Kiriaco,
que no integra el quórum legal: "no alcanzamos el código", dijo, para
describir la imposibilidad de sesionar formalmente. Relató haber recibido
mensajes de defensores oficiales agradeciéndole por sus cuatro años de labor,
lo que le permitió advertir que ni siquiera dentro del Poder Judicial se
percibe la gravedad de la crisis de quórum. Manifestó su esperanza de que, a
pesar de esa precariedad, puedan cumplirse las metas planteadas para 2026, e
instó al Consejo Consultivo a insistir para que se convoque a los concursos
pendientes.
En su intervención, Cristina Cobos, ex comisionada en
representación de los organismos de derechos humanos [00:08], felicitó la concreción de la entrega del Informe
Anual 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, tras haber
sorteado diversas dificultades operativas e institucionales al cierre del
ejercicio [00:30, 00:54].
Cobos expresó su profunda preocupación por la situación
actual del organismo [01:57], alertando sobre la falta de quórum tras la
culminación de varios mandatos [01:26, 02:09]. Advirtió que la presencia de solo dos comisionados
pone en riesgo la ejecución del plan y las líneas de trabajo proyectadas para
2026 [02:30, 02:51].
Asimismo, valoró el reconocimiento recibido por parte de
defensores oficiales por el trabajo coordinado durante sus cuatro años de
gestión [03:41, 04:17], e hizo un llamado al Consejo Consultivo y a las
instituciones a visibilizar este escenario para promover la pronta convocatoria
a concurso de vacantes que permita regularizar el funcionamiento del organismo
[05:13, 05:37].
Alicia Yurquina, integrante de la comunidad Colla de Cañas, coordinadora
del Consejo Colla de Finca Santiago y vocal por el pueblo Colla en el Instituto
Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), organizó su intervención en
tres ejes: el territorio de la prevención, la situación de las comisarías
rurales y la memoria histórica.
Denunció que la justicia basada en el derecho indígena queda
"subsumida al derecho romano", y que el pluralismo jurídico es
reemplazado por una justicia monocultural que no reconoce la autonomía de las
comunidades para resolver sus propios conflictos. Señaló que las mujeres
indígenas sufren una discriminación múltiple por ser indígenas, mujeres y
pobres, denunciando abusos sexuales como formas de tortura física y
psicológica, además de la histórica negación del acceso al estudio y a la
documentación de identidad. Describió las comisarías del interior como espacios
donde la barrera idiomática diluye el derecho a la defensa, y afirmó que la
policía ejerce un accionar que criminaliza a los dirigentes indígenas cuando
defienden el territorio, el agua o se oponen al extractivismo.
Recuperó memorias de su infancia en Iruya, donde recordó celdas pequeñas
y oscuras, similares a catacumbas, en sótanos policiales que luego fueron
cubiertos por oficinas modernas sin conservarse como evidencia histórica.
Relató también cómo sus antepasados eran arriados para la zafra o castigados
por terratenientes, vinculando esas prácticas con el extractivismo minero y
maderero actual. Propuso, como medidas concretas: un programa de formación
policial intercultural; la restitución de la autonomía y autarquía del IPPIS;
la incorporación de facilitadores bilingües en los procesos judiciales; y un
sistema de prevención de la tortura con perspectiva intercultural, donde el
derecho consuetudinario indígena tenga la misma jerarquía que el derecho
romano.
En su intervención en el Consejo Consultivo, Alicia
Yurquina, vocal por el pueblo Colla en el IPIS y consejera del espacio [00:00], expuso la sistemática vulneración de derechos,
violencia y tratos crueles que sufren las comunidades indígenas por parte del
sistema judicial y policial estatal [02:10].
Yurquina articuló su exposición en tres ejes centrales:
Territorio
y disciplinamiento: Denunció la discriminación e invisibilización de
la justicia comunitaria en favor de un modelo estatal monocultural y
punitivo [01:33, 03:11].
Comisaría
rural y falta de defensa: Alertó sobre las barreras idiomáticas, la
estigmatización, la falta de intérpretes bilingües y la criminalización de
la protesta y defensa del territorio [03:43, 05:23].
Memoria
y propuestas: Reclamó la reparación histórica para reconocer el
derecho consuetudinario e impulsó la creación de un programa de formación
en pluralismo jurídico para la policía [07:56, 10:08].
Asimismo, exigió devolver la autarquía al IPIS y diseñar un
sistema de prevención de la tortura con perspectiva intercultural que garantice
el debido proceso [10:35, 12:22].
María Pía Ceballos, referente del Movimiento Trans Argentina (MTA) con
más de 12 años de militancia y relevamientos en Salta Capital, San Martín y los
Valles Calchaquíes, centró su intervención en el fallecimiento de Fernanda
Arias, de 34 años, ocurrido en noviembre de 2025 en la Comisaría 2 de Rosario
de Lerma tras una detención por una contravención menor. Desmintió la versión
oficial de suicidio, sosteniendo que el cuerpo presentaba marcas compatibles
con una muerte por omisión del deber de cuidado.
Organizó su denuncia en tres puntos. Primero, la violación de la
identidad de género de Fernanda desde el momento mismo de la detención, en
contravención de la Ley 26.743, lo que habilitó un alojamiento inadecuado en un
entorno hostil. Segundo, la falta de protocolos específicos y la no aplicación
del Protocolo de Minnesota para investigar muertes bajo custodia, remarcando
que, al día del plenario, no había personas imputadas en la causa y que los
efectivos sospechosos seguían prestando servicio en la misma comisaría.
Tercero, la persistencia del uso del código contravencional para perseguir a
personas travestis y trans, en un clima de temor en Rosario de Lerma y Salta
Capital que —dijo— impide a las víctimas denunciar por miedo a represalias.
Cerró su intervención pidiendo que la prevención de la tortura no sea una
"técnica neutral" reservada al lenguaje del derecho, sino una tarea
atenta a quienes habitan los márgenes.
En su intervención, Pía Ceballos, referente de
Mujeres Trans Argentina y consejera del Consejo Consultivo [00:00], expuso la alarmante situación de vulnerabilidad de
la comunidad travesti-trans y denunció el caso de Fernanda Arias,
fallecida en noviembre pasado en la Comisaría 2.ª de Rosario de Lerma tras una
detención contravencional [01:08, 01:18].
Ceballos cuestionó la versión oficial del hecho [01:38] e identificó tres ejes críticos:
Incumplimiento
de la Ley de Identidad de Género: Desconocer el trato digno habilitó
un alojamiento inadecuado y situaciones de hostigamiento [02:11, 03:02].
Falta
de aplicación del Protocolo de Minnesota: Denunció la ausencia de
imputados en la causa y la falta de protocolos específicos para el
resguardo de personas trans privadas de libertad [03:29, 04:10].
Violencia
institucional histórica: Remarcó el impacto del sesgo policial y el
temor a denunciar represalias en el ámbito local [04:44, 05:16].
Finalmente, instó a legisladores y autoridades a garantizar
el control parlamentario y abrir el Estado hacia miradas subalternas para
erradicar la impunidad [05:57, 06:35].
La Lic. Blanca Lescano, antropóloga y referente de la organización
Familiares de Detenidos Desaparecidos, defendió la participación histórica de
los organismos de derechos humanos en la construcción del mecanismo de
prevención. Recordó que organizaciones como la Asociación Ragone, la Liga por
los Derechos Humanos, Coca Gallardo, H.I.J.O.S. y Familiares fueron impulsoras
de la modificación de la Ley 8024 y del seguimiento constante de la actividad
del Comité.
Informó que, tras el vencimiento de los mandatos de Rodrigo Solá y
Cristina Cobos en febrero, el Comité quedó sin sus representantes de derechos
humanos, sin que el Poder Ejecutivo convocara a los concursos que la ley exige.
Relató que, ante la excusa de "problemas financieros", los organismos
ofrecieron hacerse cargo de los gastos o proponer una evaluación virtual con
financiamiento del Comité Nacional, sin obtener respuesta, y que presentaron un
reclamo ante la Corte de Justicia de Salta que aún no fue contestado, siendo
derivado al Procurador de la Provincia, con quien no lograron reunirse pese a
los meses transcurridos. Sostuvo que, en ese contexto, el Consejo Consultivo se
convirtió en "la continuidad de la ley", el cuerpo diverso que garantizó
la supervivencia del mecanismo cuando el Comité quedó reducido a su mínima
expresión. Fue enfática en aclarar que no piden "ningún favor
político", sino la apertura de una instancia de concurso público, y
calificó el trabajo de la primera gestión del Comité como "brillante",
por relevar lugares donde el propio Estado "no tiene recursos ni
ganas" de llegar.
En representación de los organismos de derechos humanos e
integrante del Consejo Consultivo, Blanca Lescano destacó el rol
histórico y participativo de las organizaciones en la modificación de la Ley
del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y en el seguimiento de
sus acciones sobre violencia institucional y derechos humanos [00:06, 01:06].
Lescano expuso la preocupante falta de respuesta del
Ejecutivo provincial ante la finalización de los mandatos de los representantes
de las organizaciones en el comité [02:37]. Explicó que, a pesar de haber ofrecido alternativas
de financiamiento propio o nacional para llevar a cabo el concurso de selección
[02:55], no obtuvieron eco oficial [03:12].
Ante esta inacción:
Presentaron
un reclamo ante la Corte de Justicia de Salta para exigir el cumplimiento
de la norma [03:37].
Aguardan
el dictamen del Procurador General [03:52].
Finalmente, resaltó que el Consejo Consultivo ha sido sostén
fundamental para evitar la parálisis del espacio [04:56] e instó a legisladores y miembros de la Mesa de
Derechos Humanos a intervenir de forma urgente para regularizar la conformación
del comité y garantizar la plena vigencia de los tratados internacionales [05:50, 06:44].
Lizzy Mejías, subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Salta,
tomó la palabra en el tramo final del plenario como voz oficial del Poder
Ejecutivo, en respuesta directa a los reclamos de Ramón Corregidor y Blanca
Lescano sobre la falta de quórum, el incumplimiento presupuestario y la demora
en los concursos. Reconoció la ausencia de representantes permanentes en el
Comité, pero atribuyó la dilación a que las actuaciones requerían
"diversos tipos de correcciones" por tratarse de un asunto "muy
serio" que, dijo, no podía resolverse de manera apresurada. En un giro que
trasladó parte de la responsabilidad al propio organismo controlado, recordó
que el Secretario de Justicia había propuesto integrar el tribunal evaluador
exclusivamente con jurados provinciales, propuesta rechazada por los miembros
del Comité, lo que —según su versión— obligó al Ejecutivo a "rehacer
nuevamente toda la instrumentación". Cerró ese tramo con una promesa de
regularización: los expedientes se encontraban ya bajo la órbita del Ministerio
de Gobierno y Justicia, a la espera de una "pronta firma" que
resolvería la situación "en pocos días".
Un eje central de su intervención fue la reglamentación de la Ley
Octorina, bajo la órbita de su subsecretaría, que utilizó para proyectar una
imagen de gestión participativa. Sostuvo que el proceso no se había hecho
"detrás de un escritorio" sino de forma comunitaria, con
representantes de comunidades originarias de toda la provincia y en
articulación con legisladores de Jujuy. Señaló que la norma permitirá
visibilizar lo que calificó como un "delito horroroso" —en referencia
a las violencias denunciadas por las comunidades—, involucrando en su abordaje
al Poder Judicial, Seguridad, Salud y Educación, y anunció la creación de un
observatorio de la ley por 180 días, destinado a trabajar específicamente en el
protocolo de intervención.
La intervención se leyó, en el recinto, como una respuesta directa a la
exposición previa de Alicia Yurquina. Donde Yurquina había denunciado una
"justicia monocultural" y prácticas de "disciplinamiento
feudal" en las comisarías del interior, Mejías retomó el concepto de
justicia restaurativa —ya mencionado por la Dra. Zunino y por la propia
Yurquina— y lo reformuló como la "restauración de los derechos que está
haciendo la provincia", desplazando el eje de la denuncia comunitaria
hacia la gestión estatal. Reconoció que le "duele" la vulneración de
derechos de los pueblos indígenas, pero encuadró su respuesta en términos
institucionales, destacando la inclusión de las nueve etnias reconocidas —y
tres en proceso de reconocimiento— en las mesas interinstitucionales, y
presentando la Ley Octorina como prueba de que las comunidades son "muy
pero muy tenidas en cuenta", en un intento de neutralizar la denuncia de
Yurquina sobre el "negacionismo de las diversidades culturales" por parte
de los sucesivos gobiernos.
En conjunto, Mejías ocupó el lugar de un dique de contención
institucional: reconoció las carencias y el dolor de los sectores vulnerados,
pero centró su discurso en la voluntad política del Ejecutivo de reglamentar
leyes y normalizar el Comité, pidiendo paciencia frente a procesos
administrativos que ella misma calificó de complejos y "atravesados por la
falta de recursos". Tras su salida, distintos comentarios registrados en
el recinto interpretaron su intervención como un intento de diluir el rol de
los organismos sociales en la formalidad burocrática.
La Dra. Ada Zunino, Presidenta del Ministerio Público de la Defensa,
orientó su intervención hacia la gestión y la apertura institucional. Anunció
un plan de descentralización de la Defensa Pública, con nuevas delegaciones en
Cachi y, en el departamento de Anta, en El Quebrachal o Joaquín V. González,
para acercar el servicio a los ciudadanos del interior. Retomó la demanda de
Alicia Yurquina sobre el derecho indígena, asumiendo la justicia restaurativa
como paradigma del nuevo sistema acusatorio, y anunció jornadas de formación
con la Universidad de Buenos Aires para agosto de 2026.
Explicó que financia parte del equipamiento informático con honorarios
propios de la Defensa y que reorganizó estructuras de sueldos altos para
reforzar la atención de primera instancia con jóvenes abogados. Frente a la
denuncia de Pía Ceballos, puso a disposición de los familiares de Fernanda
Arias una investigación gratuita y profunda, señalando que "cuando hay
dudas, hay que despejarlas". Defendió, como principio general, que el
trato digno hacia las personas detenidas es una necesidad social, ya que quienes
hoy están privados de libertad eventualmente regresarán a la vida en comunidad.
Finalmente, dio lugar al descargo del Defensor Salinas, pidiéndole que
explicara su trato con las personas detenidas en Anta y la intervención de
abogados particulares en algunos de los casos observados por el Comité.
En su alocución ante el Consejo Consultivo, la defensora
general y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta, Aza
Zunino, destacó la pluralidad de voces en el espacio [00:00, 01:05] y anunció un plan para descentralizar la defensa
pública mediante la apertura de delegaciones en el interior de la provincia,
comenzando por el municipio de Cachi [02:26, 02:52].
Entre las principales definiciones de su gestión, Zunino
resaltó:
Justicia
restaurativa e intercultural: Ponderó el paradigma de la justicia
restaurativa e invitó a jornadas de capacitación con la UBA [04:16], comprometiéndose a dialogar con las
comunidades originarias respetando sus tradiciones [05:10].
Garantía
de derechos e investigaciones: Puso a disposición la defensa gratuita
para la familia de Fernanda Arias [11:06] y reestructuró la Defensoría de Ejecución Penal
[12:27] para agilizar los beneficios de progresividad
de la pena [13:34, 15:06].
Prevención:
Celebró que no se hayan registrado muertes por torturas o tratos crueles
en personas privadas de libertad durante los últimos cuatro años [06:57].
Habilitado por la Dra. Zunino, el Dr. Juan Manuel Salinas retomó la
palabra para exponer su versión. Agradeció la oportunidad y volvió a señalar el
trato desigual recibido al inicio del plenario. Destacó su identificación con
la mirada "del interior" que trae la nueva Defensora General,
distinta —dijo— de la que suele primar en la Capital.
Sobre la gestión en Anta, mencionó como avance la habilitación de un
espacio en El Quebrachal, no una cárcel sino un viejo hospital adaptado para
descomprimir mínimamente la situación de las personas detenidas. Reclamó una
disculpa del Comité por la publicación en Página 12 que consideró basada en
informes que, a su entender, "falseaban los hechos". Cuestionó la
metodología del relevamiento del Comité por no distinguir entre personas con
abogado particular y aquellas con defensa oficial, negó la falta de contacto
con sus defendidos y la carencia de atención médica que se le atribuía,
sosteniendo que él no puede "crear un hospital" ni "inventar
certificados". Describió las condiciones de su tarea: es el único defensor
penal para una población de casi 80.000 habitantes, en un territorio con
distancias de 120 kilómetros entre puntos y sin establecimiento carcelario
propio, debiendo litigar en Metán. Aclaró, guiado por Zunino, dos casos
puntuales señalados por el Comité: una lesión reportada como ocurrida en comisaría
que, según explicó, se originó en una pelea previa a la detención; y un cómputo
de pena cuestionado, que atribuyó a una apelación en trámite y no a una
negligencia de la defensa. Cerró pidiendo que, en futuros relevamientos, se dé
lugar a un descargo antes de que se difundan públicamente conclusiones que
puedan afectar la reputación de los funcionarios judiciales.
La Senadora Alejandra Navarro, representante del departamento de Anta,
describió la situación como una preocupación sostenida en el tiempo. Explicó
que Anta no cuenta con unidad carcelaria propia, por lo que mantener personas
detenidas en comisarías se ha vuelto, dijo, "lo usual" y "lo
natural" en la región, a pesar de que esa no es la solución deseada.
Señaló que el volumen de causas judiciales de Anta supera por lejos al de Metán
y Rosario de la Frontera, circunscripciones de las que depende administrativamente,
y planteó la necesidad de contar con un distrito judicial propio.
Relató que, junto al diputado Juan Pablo Cuellar y otros legisladores,
viene solicitando la instalación de un módulo carcelario, para lo cual ya
ofrecieron un predio disponible. Sobre El Quebrachal, describió una visita
reciente en la que constató que solamente dos policías custodiaban a 80
personas detenidas, y advirtió que ampliar allí el lugar de detención alejaría
aún más —unos 40 kilómetros— a los detenidos del sitio donde deben tramitarse
sus procesos judiciales en Metán. Reconoció que construir una unidad carcelaria
completa es, en el actual contexto económico, un objetivo "utópico",
por lo que concentró su reclamo en la instalación de un módulo en Joaquín V.
González y en la conformación de un distrito judicial propio para Anta. Cerró
señalando que la situación de las mujeres detenidas en la región es "un
capítulo aparte", de particular gravedad por la ausencia total de
infraestructura específica.
El Senador Walter Cruz intervino brevemente para respaldar lo dicho por
Alicia Yurquina sobre la situación de los pueblos originarios y para anunciar
una gestión concreta. Señaló que, frente a las denuncias sobre falta de
presupuesto y funcionamiento del Comité, su posición no es de
"lástima" sino de "preocupación", y explicó que ya había
instruido a sus asesores para que el Senado tratara, el jueves siguiente al
plenario, una iniciativa vinculada a la regularización del organismo. Reconoció
que, si bien el Poder Legislativo valora el trabajo del Comité, el Estado no
está cumpliendo con algunas de las condiciones necesarias para garantizar su
funcionamiento, y comprometió el acompañamiento del Senado a ese proceso.
Al cerrar el encuentro, Fernando Pequeño Ragone agradeció la presencia de
todos los participantes y pidió disculpas personales al Dr. Salinas si se había
sentido agraviado, explicando que la filtración de información a los medios de
comunicación no obedece a una intención de persecución, sino a que el Consejo
Consultivo tiene, por su propia naturaleza, una forma de trabajo "más
abierta" y "menos técnica y precisa" que la del Comité. Aclaró,
además, que él mismo "no es doctor", diferenciando su lugar de representación
civil y política del de quienes en el recinto habían hablado desde credenciales
profesionales o jerarquías institucionales.
Agradeció especialmente a la Dra. Ada Zunino por su participación, y
retomó su invitación a "ver el lado lleno del vaso", agregando que la
democracia no se sostiene solo con balances positivos sino con una articulación
permanente entre los gobiernos municipales, los legisladores y los operadores
judiciales presentes en los territorios. Insistió en que el sentido último del
Consejo Consultivo es reforzar y defender las instituciones democráticas
representativas —y crear otras nuevas si es necesario— porque de eso se trata,
dijo, "la evolución de los gobiernos representativos". Cerró
recordando que lo que finalmente sostiene todo el sistema es la voz de la
gente, de los votantes, y agradeciendo nuevamente a todos los presentes por
haber participado del encuentro.
El plenario del 27 de julio de 2026 fue, en el calendario del año, el
tercer encuentro del Consejo Consultivo del CCCPTS, tras las sesiones de
febrero y de mayo. Esa reiteración no es un detalle protocolar: expresa que,
más allá de la crisis de quórum que atraviesa el Comité, el Consejo ha logrado
sostener una periodicidad de trabajo que mantiene viva la discusión pública
sobre la prevención de la tortura en la provincia, incorporando en cada
encuentro nuevas voces —organizaciones de derechos humanos, pueblos
originarios, colectivos de la diversidad, legisladores y operadores judiciales—
y ampliando progresivamente su propia base de representación.
Ese recorrido de tres plenarios consecutivos ha ido decantando, además,
en un objetivo que atraviesa de manera implícita buena parte de las
intervenciones reseñadas: la necesidad de que el propio Consejo se dote de un
reglamento orgánico, dictado por sus propios integrantes, que ordene su
funcionamiento interno, sus modos de incorporación de nuevas organizaciones,
sus mecanismos de convocatoria y sus reglas de trabajo con la prensa y la
comunidad. Frente a un contexto en el que el Poder Ejecutivo demora los
concursos, disputa la integración de los tribunales evaluadores y mantiene al
Comité sin presupuesto propio, la construcción de ese reglamento aparece como
un modo de que el Consejo Consultivo se garantice a sí mismo una regla de juego
estable, que no dependa de la buena voluntad coyuntural de ningún actor
externo.
Ese pacto institucional de funcionamiento adquiere sentido, también, en
clave de política pública comparada: los mecanismos de prevención de la tortura
fueron concebidos, a nivel internacional, como sistemas de control que combinan
un cuerpo técnico independiente con instancias plurales de participación de la
sociedad civil, tal como lo prevén los estándares del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura para los mecanismos nacionales y locales de
prevención. Que el Consejo Consultivo de Salta avance hacia su propio
reglamento orgánico —discutido y aprobado por sus propios integrantes, y no
impuesto desde afuera— es, en ese sentido, un paso hacia la consolidación de un
mecanismo local de prevención más sólido, más previsible y más en sintonía con
ese diseño internacional: un mecanismo que pueda sostenerse en el tiempo, más
allá de los vaivenes de cada gestión de gobierno, sobre la base de reglas que
la propia comunidad institucional que lo integra se dio a sí misma.
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