El plenario del Consejo Consultivo del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta (CCCPTS) del 27 de julio de 2026 no se realizó en una oficina administrativa ni en un salón universitario, como en encuentros anteriores, sino en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia. La elección del lugar no fue un dato menor ni casual: llevar el debate sobre cárceles, comisarías y muertes en custodia al corazón del Poder Legislativo buscó, desde el inicio, tender un puente entre la sociedad civil que monitorea los lugares de encierro y los representantes que sancionan y controlan las leyes que rigen ese monitoreo.

El propio diputado Luis Mendaña, al dar la bienvenida, definió a la Legislatura como "la casa del pueblo", subrayando que los representantes del pueblo necesitan de "toda la sociedad" para que su trabajo sea eficiente. Esa frase resume el sentido de la convocatoria: exhibir ante los legisladores, en su propio ámbito de trabajo, el estado real de los lugares de detención de la provincia, y comprometerlos de manera directa con las soluciones. La reunión convocó, en un mismo recinto, a diputados y senadores, a la conducción interina del Comité, a la nueva Defensora General, a un defensor oficial del interior provincial y a referentes de organizaciones sociales, indígenas y de la diversidad sexo-afectiva, en una fotografía institucional inusual que expresa la intención de "densificar" —según la expresión reiterada por el moderador Fernando Pequeño Ragone— la representación del Consejo Consultivo.

Un Comité en emergencia: el contexto político adverso

El plenario se desarrolló en un escenario de fuerte fragilidad institucional para el Comité Provincial. A lo largo del encuentro, distintos interlocutores describieron una seguidilla de carencias: la falta de un presupuesto propio a pesar de que la Ley 8024 declara la autarquía del organismo; la dependencia administrativa del Ministerio de Gobierno para autorizar viáticos y traslados destinados a las visitas de monitoreo; la pérdida de la Secretaría Ejecutiva y del personal técnico y administrativo; y, sobre todo, la falta de quórum, provocada por el vencimiento de los mandatos de dos comisionados representantes de organismos de derechos humanos y por la renuncia de quien presidía el organismo para pasar a integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

A ese cuadro se sumó la disputa en torno al reglamento de los concursos para cubrir esas vacantes: el Poder Ejecutivo impulsa una reforma para acortar plazos y para que los tribunales evaluadores se integren únicamente con jurados residentes en Salta, mientras que los organismos de derechos humanos reclaman mantener la posibilidad de evaluadores externos, ofreciendo incluso recurrir a evaluaciones virtuales. Ese conflicto, judicializado, atraviesa como telón de fondo casi todas las intervenciones del plenario, y explica por qué el encuentro tuvo, a la vez, tono de rendición de cuentas técnica y de alerta institucional.

Comité y Consejo: dos engranajes de un mismo mecanismo

Para comprender el sentido del plenario es necesario distinguir —y a la vez vincular— dos estructuras que la Ley 8024 concibió como complementarias. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura es el órgano técnico y permanente: un cuerpo de comisionados con mandato, dependencia administrativa formal y facultades de monitoreo, que realiza visitas a cárceles y comisarías, elabora informes anuales y sostiene un registro propio de muertes en contexto de encierro. Es, en palabras de su propio presidente interino, Andrés Giardamachi, tanto una herramienta de rendición de cuentas legal como un instrumento de producción de conocimiento técnico sobre el sistema de encierro.

El Consejo Consultivo, en cambio, es un espacio más amplio y plural, sin la rigidez de un cuerpo colegiado de comisionados: reúne a legisladores, integrantes del Poder Judicial y la Defensa, funcionarios del Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil. Su propio moderador fue explícito al respecto en el cierre del encuentro: "El Consejo Consultivo no es un tribunal"; es, dijo, "un ámbito de buena fe" pensado para que todas las partes se sientan "parte de las soluciones y no del problema". Esa apertura, reconoció el mismo Pequeño Ragone, tiene un costo: por ser "más abierto" y "menos técnico y preciso" que el Comité, la información que allí circula puede trascender de un modo que el Comité, por su carácter más reservado, evita.

La relación entre ambos cuerpos quedó de manifiesto en el modo en que el Consejo funcionó, durante los últimos meses, casi como sostén del Comité: mientras este último atraviesa la acefalía y la falta de quórum, el espacio consultivo mantuvo la continuidad del debate público sobre la situación carcelaria y policial de la provincia, incorporando nuevas voces territoriales para compensar el vaciamiento de representación que sufría el organismo técnico. El plenario de julio, así, no fue solamente la presentación de un informe: fue también el escenario en el que esa complementariedad —y sus tensiones— se hizo visible ante los propios poderes del Estado.

Crónica del plenario

1. La apertura: organizar la escucha

Fernando Pequeño Ragone, referente de la Asociación Miguel Ragone y moderador del encuentro, abrió el plenario disculpándose ante legisladores y asistentes por una "desconexión" en la organización del espacio físico, dado que la convocatoria había superado las expectativas previstas. A continuación presentó la hoja de ruta del encuentro: la exposición del Informe Anual 2025 por parte del Comité, la palabra institucional de la Defensoría General, las voces de las comunidades originarias y de la comunidad trans, y el reclamo por la integración pendiente del propio Comité. Explicó que el objetivo del orden del día era "densificar la representación" del Consejo con las voces de los sectores más vulnerables, y fijó un límite de una hora y media de exposiciones para dejar un espacio final de intercambio.

En el marco de la jornada de trabajo del Consejo Consultivo, Fernando Pequeño presentó el orden del día con el objetivo de optimizar el tiempo de las exposiciones e intercambios [00:00].
La reunión, con una duración planificada de hora y media [01:10], incluye la apertura a cargo del diputado Mendaña [00:13] y la presentación del informe de gestión del Comité para la Prevención de la Tortura [00:20]. Además, cuenta con la intervención de la jefa del Ministerio Público de la Defensa, Sra. Zulino [00:33], y representantes de comunidades originarias y colectivos LGBT+ para fortalecer la pluralidad de voces en el espacio [00:42]. El cierre abordará aspectos de integración del comité presentados por Blanca Lescano [01:00].

2. La primera tensión: el reclamo del Defensor Salinas

Apenas concluida la presentación del orden del día, el Dr. Juan Manuel Salinas, Defensor Oficial de Anta, interrumpió el desarrollo del plenario. Relató que había recibido la invitación "cordialmente por WhatsApp" del propio Pequeño Ragone, salteando los canales del Ministerio Público de la Defensa, y que se enteró de que no figuraba en la lista de oradores al llegar al recinto después de recorrer 220 kilómetros desde Anta. El motivo de fondo de su malestar era una publicación del diario Página 12, basada según él en un informe del Comité, que consideraba difamatoria de su desempeño profesional. Pidió expresamente un lugar en la mesa principal, en tanto se consideraba "directamente el involucrado y afectado" por esa publicación, y cerró su primera intervención con una frase tajante: "No hay nada que aclarar. Yo no estoy conforme ahora".

Ante el reclamo, Pequeño Ragone le ofreció una silla en la mesa principal y aclaró que no habían recibido confirmación previa de su asistencia. Por su parte, Andrés Giardamachi tomó la palabra para deslindar al Comité de la autoría de la nota periodística, explicar que el organismo trabaja con entrevistas confidenciales a personas detenidas cuyas alegaciones se toman como información válida desde una perspectiva de derechos humanos, y pedir disculpas al defensor si se había sentido difamado, sin dejar de sostener el valor del testimonio recogido en el monitoreo.

3. La palabra legislativa: la bienvenida del diputado Mendaña

El Diputado Luis Mendaña, representante de la Cámara de Diputados en el Consejo Consultivo, dio la bienvenida definiéndose junto a sus pares como "fieles defensores del comité". Recordó que durante el año anterior los propios diputados habían sido objeto de cuestionamientos por parte del organismo, situación que —dijo— se resolvió mediante el diálogo. Señaló que sostener institutos como el Comité es necesario más allá de los vaivenes de las políticas nacionales, ya que hay momentos en que los gobiernos acompañan el reclamo por la garantía de los derechos humanos y otros en que es necesario insistir con mayor firmeza. Cerró su intervención invitando a que la Legislatura funcione como "la casa del pueblo", abierta a "reclamos, cosas buenas, cosas malas".

4. El estado del sistema: el Informe Anual 2025

Andrés Giardamachi, presidente interino del Comité, presentó el Informe Anual 2025, documento que definió con un doble carácter: rendición de cuentas obligatoria por mandato legal y, a la vez, trabajo académico de utilidad para quienes estudian el contexto de encierro, particularmente de cara a la reforma del sistema acusatorio en el Código Procesal Penal de Salta. Explicó que el informe recoge además una mirada comparativa sobre los cuatro años de la primera gestión del organismo, iniciada en 2022.

En el plano del diagnóstico, distinguió entre la "capacidad declarada" del sistema carcelario —el cupo que fija el Poder Ejecutivo según camas disponibles— y la "capacidad real", calculada según estándares internacionales y del Comité Nacional que consideran iluminación, ventilación y acceso a la salud: mientras la sobrepoblación oficial ronda el 40%, bajo esos estándares el sistema está excedido en un 145%. Informó también que durante 2025 el Comité relevó prácticamente la totalidad de las comisarías de la provincia, y que, en un convenio con el CONICET, se determinó que el 73% de la población carcelaria no accede a instancias educativas. Mencionó el incendio ocurrido en la Alcaidía en 2025, con una persona fallecida, como un "punto bisagra" que llevó al Comité a reformular sus protocolos de visita exigiendo elementos de prevención de incendios y catástrofes. Por último, explicó que el Comité mantiene un registro propio de muertes en contexto de encierro, complementario —no sustitutivo— de la investigación penal que corresponde al Ministerio Público Fiscal, con el fin de identificar patrones y prevenir muertes futuras.

En el recinto legislativo, el presidente interino del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Andrés Giardamacchi, presentó el Informe Anual 2025, el cual marca el cierre de la primera gestión de cuatro años del organismo [00:00, 03:35]. Este documento funciona como rendición de cuentas e insumo científico y técnico comparativo de la situación carcelaria [02:27, 03:50].
El informe se divide en tres ejes centrales:

Memoria institucional: Resumen de actuaciones, formación, acceso a la justicia y vinculación del período 2025 [04:19].
Situación de las personas privadas de la libertad: Análisis sobre la sobrepoblación carcelaria, que supera la capacidad real de los establecimientos, y síntesis de monitoreos [05:16, 07:19].
Temas de interés general: Acuerdos con el CONICET sobre educación en contexto de encierro [07:53], actualización de protocolos preventivos tras el incendio en la Alcaidía [08:46] y el Registro de Muertes bajo Custodia Provincial [09:40].

El trabajo concluye con un anexo comparativo sobre las estrategias de intervención del comité entre 2022 y 2025 [11:01].

5. La autarquía negada: la denuncia de Ramón Corregidor

El comisionado Ramón Corregidor centró su intervención en tres ejes: la ausencia de una autarquía real, la parálisis por falta de quórum y el desfinanciamiento sistemático del organismo. Recordó que el Artículo 5 de la Ley 8024 declara al Comité autónomo y con recursos propios, pero que en cuatro años de gestión nunca contaron con presupuesto propio, debiendo solicitar autorización y viáticos al Ministerio de Gobierno incluso para monitoreos que la ley exige confidenciales y autónomos. Señaló que, ante esa carencia, los propios comisionados pusieron vehículos y recursos personales para sostener las visitas.

Sobre el quórum, informó que faltan cubrir tres cargos —uno del Poder Ejecutivo y dos de organizaciones de derechos humanos— y relató que, pese a haberse solicitado formalmente en julio de 2025 la convocatoria a concurso, el entonces Ministro de Gobierno no la realizó, dejando al organismo con apenas dos comisionados activos y un presidente interino. Mencionó además que el intento del Ejecutivo de modificar el reglamento de designaciones se encuentra judicializado. Denunció, por otra parte, que el Comité perdió la Secretaría Ejecutiva —cubierta por concurso pero nunca formalizada por el gobierno— y su personal contable y administrativo, y que un representante designado por la Cámara de Diputados en marzo de 2026 tampoco recibió su resolución ni el pago de haberes. Calificó el conjunto como una "política sostenida sistemáticamente de negar los derechos que prevé la ley 8024", sin dejar de reivindicar los avances logrados con los años de visitas, como la apertura de consultorios médicos en unidades penitenciarias y el cierre de comisarías en condiciones críticas.

Durante la presentación del Informe Anual 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, el consejero Ramón Corregidor expuso las severas limitaciones operativas e institucionales que enfrenta el organismo debido al incumplimiento sistemático del Ejecutivo provincial [00:27, 00:56].
Corregidor advirtió sobre:

Falta de autonomía financiera: El comité no cuenta con presupuesto propio tras cuatro años de gestión, dependiendo de la asignación discrecional de viáticos para el monitoreo en la provincia [00:56, 01:33].
Acefalía y pérdida de quórum: El Gobierno omitió convocar a concursos para cubrir cargos de comisionados de ONGs y la Secretaría Ejecutiva, además de no cubrir vacantes de personal técnico [02:16, 03:29, 04:05].

Pese a este escenario, destacó los logros de gestión frente al hacinamiento, como la apertura de un consultorio médico, el acondicionamiento de comisarías y avances en infraestructura carcelaria [06:34, 07:41, 08:12].
Finalmente, llamó al Consejo Consultivo y a las autoridades a respaldar al comité para regularizar su funcionamiento y garantizar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos con rango constitucional [08:56, 09:21].

6. Nacer y criar en la cárcel: la intervención de Tania Kiriaco

La Dra. Tania Kiriaco, asesora legal del Comité, expuso la situación de las mujeres madres y embarazadas detenidas en la Unidad Carcelaria N.° 4, único establecimiento que aloja a esa población. Describió que la "Sala de Madres" funciona en parte como depósito de colchones y elementos en desuso, sin condiciones adecuadas para los tres niños que allí conviven con sus madres; que falta agua fría y caliente, sanitarios adecuados, un médico pediatra y una ambulancia de emergencia; y relató que, el año anterior, un niño nació dentro de la cárcel por no llegar a tiempo el traslado a un hospital.

Afirmó que "un niño que nace hoy en una cárcel es un niño condenado por el sistema", y señaló que el Estado no provee alimentos básicos ni cochecitos, por lo que el Comité y el Colegio de Abogados debieron realizar donaciones particulares. Explicó también que, a pesar de las gestiones del Comité, no se ha logrado la cooperación necesaria para sustituir condenas por prisión domiciliaria en estos casos. Invocó el cumplimiento de las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres reclusas, y recordó que el equipo del Comité recibió el Premio Zola por su trabajo con perspectiva de género.

Durante la presentación del Informe Anual 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, la asesora legal Tania Kiriaco expuso la grave situación que enfrentan las mujeres alojadas en la Unidad Carcelaria N.° 4 de Salta, especialmente embarazadas, lactantes y quienes se encuentran con sus hijos pequeños [00:21, 00:43].
Kiriaco advirtió sobre la falta de infraestructura adaptada [01:04], deficiencias edilicias en las salas de madres [01:26], la imposibilidad de garantizar la cadena de frío para los alimentos [01:53] y serias deficiencias en el acceso a la salud, como la ausencia de pediatras y ambulancias de emergencia [02:44, 02:52].
Ante la vulneración de las Reglas de Bangkok y del Interés Superior del Niño [03:20, 04:18], se remarcó la urgente necesidad de:

Aplicar medidas sustitutivas como el arresto domiciliario [03:52, 05:00].
Establecer un plan de salud integral para madres e infantes [05:10].
Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en el sistema penitenciario [05:17, 06:07].

7. Cuatro años de gestión: el balance de Rodrigo Solá

Rodrigo Solá, primer presidente del Comité y actual representante en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, repasó la primera gestión del organismo. Subrayó que la Ley 8024 no creó solamente un comité sino un sistema integral en el que deben confluir los tres poderes del Estado, la Universidad Nacional de Salta y la sociedad civil, y que los primeros cuatro años se dedicaron a lograr que todos esos actores se sentaran en la misma mesa del Consejo Consultivo.

Detalló el activismo judicial desarrollado frente a la crisis de las comisarías: al inicio de esa etapa había 750 personas detenidas en dependencias policiales, algunas cumpliendo condenas de hasta 20 años y permaneciendo en comisarías por hasta 8 años, lo que llevó a presentar un hábeas corpus colectivo, aún abierto. Mencionó, como resultado concreto, el acuerdo de marzo del año anterior para atender la situación de las comisarías 42 y 45 de Tartagal, con traslados progresivos y cierre de alojamientos sin condiciones mínimas.

Describió la evolución de la relación con el Poder Ejecutivo: de recomendaciones inicialmente resistidas a un vínculo de consulta técnica, ejemplificado en que el Servicio Penitenciario terminó pidiendo opinión al Comité sobre protocolos de sujeción química o mecánica. Explicó que, frente a la falta de acceso a la salud —principal causa de denuncia, por encima de los malos tratos físicos— y a las excusas de falta de presupuesto o de móviles, el Comité impulsó llevar a los médicos de salud pública a los penales, lográndose consultorios externos en la Unidad 1 de Villa Las Rosas y proyectándose lo mismo para la Unidad 4. Sobre la interpelación del Defensor Salinas, respaldó la metodología del Comité, aclarando que las alegaciones recibidas de forma confidencial se informan a la Defensoría General para que ella intervenga, sin que ello implique darlas por ciertas. Confirmó haber constatado personalmente, en comisarías del sur y sudeste provincial, condiciones de detención inadecuadas, incluyendo hacinamiento extremo. Cerró mencionando un artículo de su autoría sobre las estrategias de intervención del Comité y su participación en un cortometraje sobre hijos de desaparecidos que se convirtieron en abogados de juicios de lesa humanidad.

En su intervención dentro del Consejo Consultivo, Rodrigo Solá, ex presidente e integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura durante el período 2025 [00:01], realizó un balance reflexivo sobre los primeros cuatro años de labor del organismo, destacando el valor del trabajo articulado con los tres poderes del Estado, la Universidad Nacional de Salta y las organizaciones de derechos humanos [00:36, 00:59].
Solá resaltó las principales líneas de acción desarrolladas:

Monitoreos integrales: Ampliación de las inspecciones a comisarías, unidades penitenciarias, dispositivos de penal juvenil, hogares residenciales y centros de salud mental [02:52, 03:19].
Intervenciones judiciales estratégicas: Presentación de acciones de hábeas corpus para abordar la sobrepoblación en comisarías, promoviendo soluciones conjuntas con el Poder Ejecutivo [04:16, 04:54].
Salud e infraestructura: Soluciones interinstitucionales de bajo costo, como la creación de consultorios médicos externos en las penitenciarías [09:30] y el impulso de protocolos preventivos y de recomendación técnica [07:04, 08:17].

El ex titular concluyó reafirmando la importancia de sostener la mirada crítica y el diálogo colaborativo para garantizar la reincorporación social y el respeto de los derechos humanos [03:50, 07:38].

8. La alerta de la excomisionada: Cristina Cobos

Cristina Cobos, excomisionada del Comité en representación de organismos de derechos humanos, felicitó a quienes concluyeron el Informe Anual 2025, señalando que su elaboración se había demorado por la remoción de la Secretaría Ejecutiva y la renuncia de Rodrigo Solá a la presidencia. Explicó que su propio mandato y el de Ramón Corregidor habían finalizado el 12 de febrero de 2026, lo que les impidió terminar personalmente el documento.

Remarcó que el Comité se encuentra hoy "sin quórum", con solo dos comisionados activos —Giardamachi y Corregidor— y la asesora Tania Kiriaco, que no integra el quórum legal: "no alcanzamos el código", dijo, para describir la imposibilidad de sesionar formalmente. Relató haber recibido mensajes de defensores oficiales agradeciéndole por sus cuatro años de labor, lo que le permitió advertir que ni siquiera dentro del Poder Judicial se percibe la gravedad de la crisis de quórum. Manifestó su esperanza de que, a pesar de esa precariedad, puedan cumplirse las metas planteadas para 2026, e instó al Consejo Consultivo a insistir para que se convoque a los concursos pendientes.

En su intervención, Cristina Cobos, ex comisionada en representación de los organismos de derechos humanos [00:08], felicitó la concreción de la entrega del Informe Anual 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, tras haber sorteado diversas dificultades operativas e institucionales al cierre del ejercicio [00:30, 00:54].
Cobos expresó su profunda preocupación por la situación actual del organismo [01:57], alertando sobre la falta de quórum tras la culminación de varios mandatos [01:26, 02:09]. Advirtió que la presencia de solo dos comisionados pone en riesgo la ejecución del plan y las líneas de trabajo proyectadas para 2026 [02:30, 02:51].
Asimismo, valoró el reconocimiento recibido por parte de defensores oficiales por el trabajo coordinado durante sus cuatro años de gestión [03:41, 04:17], e hizo un llamado al Consejo Consultivo y a las instituciones a visibilizar este escenario para promover la pronta convocatoria a concurso de vacantes que permita regularizar el funcionamiento del organismo [05:13, 05:37].

9. La justicia de los pueblos originarios: Alicia Yurquina

Alicia Yurquina, integrante de la comunidad Colla de Cañas, coordinadora del Consejo Colla de Finca Santiago y vocal por el pueblo Colla en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), organizó su intervención en tres ejes: el territorio de la prevención, la situación de las comisarías rurales y la memoria histórica.

Denunció que la justicia basada en el derecho indígena queda "subsumida al derecho romano", y que el pluralismo jurídico es reemplazado por una justicia monocultural que no reconoce la autonomía de las comunidades para resolver sus propios conflictos. Señaló que las mujeres indígenas sufren una discriminación múltiple por ser indígenas, mujeres y pobres, denunciando abusos sexuales como formas de tortura física y psicológica, además de la histórica negación del acceso al estudio y a la documentación de identidad. Describió las comisarías del interior como espacios donde la barrera idiomática diluye el derecho a la defensa, y afirmó que la policía ejerce un accionar que criminaliza a los dirigentes indígenas cuando defienden el territorio, el agua o se oponen al extractivismo.

Recuperó memorias de su infancia en Iruya, donde recordó celdas pequeñas y oscuras, similares a catacumbas, en sótanos policiales que luego fueron cubiertos por oficinas modernas sin conservarse como evidencia histórica. Relató también cómo sus antepasados eran arriados para la zafra o castigados por terratenientes, vinculando esas prácticas con el extractivismo minero y maderero actual. Propuso, como medidas concretas: un programa de formación policial intercultural; la restitución de la autonomía y autarquía del IPPIS; la incorporación de facilitadores bilingües en los procesos judiciales; y un sistema de prevención de la tortura con perspectiva intercultural, donde el derecho consuetudinario indígena tenga la misma jerarquía que el derecho romano.

En su intervención en el Consejo Consultivo, Alicia Yurquina, vocal por el pueblo Colla en el IPIS y consejera del espacio [00:00], expuso la sistemática vulneración de derechos, violencia y tratos crueles que sufren las comunidades indígenas por parte del sistema judicial y policial estatal [02:10].
Yurquina articuló su exposición en tres ejes centrales:

Territorio y disciplinamiento: Denunció la discriminación e invisibilización de la justicia comunitaria en favor de un modelo estatal monocultural y punitivo [01:33, 03:11].
Comisaría rural y falta de defensa: Alertó sobre las barreras idiomáticas, la estigmatización, la falta de intérpretes bilingües y la criminalización de la protesta y defensa del territorio [03:43, 05:23].
Memoria y propuestas: Reclamó la reparación histórica para reconocer el derecho consuetudinario e impulsó la creación de un programa de formación en pluralismo jurídico para la policía [07:56, 10:08].

Asimismo, exigió devolver la autarquía al IPIS y diseñar un sistema de prevención de la tortura con perspectiva intercultural que garantice el debido proceso [10:35, 12:22].

10. Una muerte que no puede naturalizarse: Pía Ceballos

María Pía Ceballos, referente del Movimiento Trans Argentina (MTA) con más de 12 años de militancia y relevamientos en Salta Capital, San Martín y los Valles Calchaquíes, centró su intervención en el fallecimiento de Fernanda Arias, de 34 años, ocurrido en noviembre de 2025 en la Comisaría 2 de Rosario de Lerma tras una detención por una contravención menor. Desmintió la versión oficial de suicidio, sosteniendo que el cuerpo presentaba marcas compatibles con una muerte por omisión del deber de cuidado.

Organizó su denuncia en tres puntos. Primero, la violación de la identidad de género de Fernanda desde el momento mismo de la detención, en contravención de la Ley 26.743, lo que habilitó un alojamiento inadecuado en un entorno hostil. Segundo, la falta de protocolos específicos y la no aplicación del Protocolo de Minnesota para investigar muertes bajo custodia, remarcando que, al día del plenario, no había personas imputadas en la causa y que los efectivos sospechosos seguían prestando servicio en la misma comisaría. Tercero, la persistencia del uso del código contravencional para perseguir a personas travestis y trans, en un clima de temor en Rosario de Lerma y Salta Capital que —dijo— impide a las víctimas denunciar por miedo a represalias. Cerró su intervención pidiendo que la prevención de la tortura no sea una "técnica neutral" reservada al lenguaje del derecho, sino una tarea atenta a quienes habitan los márgenes.

En su intervención, Pía Ceballos, referente de Mujeres Trans Argentina y consejera del Consejo Consultivo [00:00], expuso la alarmante situación de vulnerabilidad de la comunidad travesti-trans y denunció el caso de Fernanda Arias, fallecida en noviembre pasado en la Comisaría 2.ª de Rosario de Lerma tras una detención contravencional [01:08, 01:18].
Ceballos cuestionó la versión oficial del hecho [01:38] e identificó tres ejes críticos:

Incumplimiento de la Ley de Identidad de Género: Desconocer el trato digno habilitó un alojamiento inadecuado y situaciones de hostigamiento [02:11, 03:02].
Falta de aplicación del Protocolo de Minnesota: Denunció la ausencia de imputados en la causa y la falta de protocolos específicos para el resguardo de personas trans privadas de libertad [03:29, 04:10].
Violencia institucional histórica: Remarcó el impacto del sesgo policial y el temor a denunciar represalias en el ámbito local [04:44, 05:16].

Finalmente, instó a legisladores y autoridades a garantizar el control parlamentario y abrir el Estado hacia miradas subalternas para erradicar la impunidad [05:57, 06:35].

11. La memoria de los organismos de derechos humanos: Blanca Lescano

La Lic. Blanca Lescano, antropóloga y referente de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, defendió la participación histórica de los organismos de derechos humanos en la construcción del mecanismo de prevención. Recordó que organizaciones como la Asociación Ragone, la Liga por los Derechos Humanos, Coca Gallardo, H.I.J.O.S. y Familiares fueron impulsoras de la modificación de la Ley 8024 y del seguimiento constante de la actividad del Comité.

Informó que, tras el vencimiento de los mandatos de Rodrigo Solá y Cristina Cobos en febrero, el Comité quedó sin sus representantes de derechos humanos, sin que el Poder Ejecutivo convocara a los concursos que la ley exige. Relató que, ante la excusa de "problemas financieros", los organismos ofrecieron hacerse cargo de los gastos o proponer una evaluación virtual con financiamiento del Comité Nacional, sin obtener respuesta, y que presentaron un reclamo ante la Corte de Justicia de Salta que aún no fue contestado, siendo derivado al Procurador de la Provincia, con quien no lograron reunirse pese a los meses transcurridos. Sostuvo que, en ese contexto, el Consejo Consultivo se convirtió en "la continuidad de la ley", el cuerpo diverso que garantizó la supervivencia del mecanismo cuando el Comité quedó reducido a su mínima expresión. Fue enfática en aclarar que no piden "ningún favor político", sino la apertura de una instancia de concurso público, y calificó el trabajo de la primera gestión del Comité como "brillante", por relevar lugares donde el propio Estado "no tiene recursos ni ganas" de llegar.

En representación de los organismos de derechos humanos e integrante del Consejo Consultivo, Blanca Lescano destacó el rol histórico y participativo de las organizaciones en la modificación de la Ley del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y en el seguimiento de sus acciones sobre violencia institucional y derechos humanos [00:06, 01:06].
Lescano expuso la preocupante falta de respuesta del Ejecutivo provincial ante la finalización de los mandatos de los representantes de las organizaciones en el comité [02:37]. Explicó que, a pesar de haber ofrecido alternativas de financiamiento propio o nacional para llevar a cabo el concurso de selección [02:55], no obtuvieron eco oficial [03:12].
Ante esta inacción:

Presentaron un reclamo ante la Corte de Justicia de Salta para exigir el cumplimiento de la norma [03:37].
Aguardan el dictamen del Procurador General [03:52].

Finalmente, resaltó que el Consejo Consultivo ha sido sostén fundamental para evitar la parálisis del espacio [04:56] e instó a legisladores y miembros de la Mesa de Derechos Humanos a intervenir de forma urgente para regularizar la conformación del comité y garantizar la plena vigencia de los tratados internacionales [05:50, 06:44].

12. La voz del Ejecutivo: Lizzy Mejías

Lizzy Mejías, subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Salta, tomó la palabra en el tramo final del plenario como voz oficial del Poder Ejecutivo, en respuesta directa a los reclamos de Ramón Corregidor y Blanca Lescano sobre la falta de quórum, el incumplimiento presupuestario y la demora en los concursos. Reconoció la ausencia de representantes permanentes en el Comité, pero atribuyó la dilación a que las actuaciones requerían "diversos tipos de correcciones" por tratarse de un asunto "muy serio" que, dijo, no podía resolverse de manera apresurada. En un giro que trasladó parte de la responsabilidad al propio organismo controlado, recordó que el Secretario de Justicia había propuesto integrar el tribunal evaluador exclusivamente con jurados provinciales, propuesta rechazada por los miembros del Comité, lo que —según su versión— obligó al Ejecutivo a "rehacer nuevamente toda la instrumentación". Cerró ese tramo con una promesa de regularización: los expedientes se encontraban ya bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, a la espera de una "pronta firma" que resolvería la situación "en pocos días".

Un eje central de su intervención fue la reglamentación de la Ley Octorina, bajo la órbita de su subsecretaría, que utilizó para proyectar una imagen de gestión participativa. Sostuvo que el proceso no se había hecho "detrás de un escritorio" sino de forma comunitaria, con representantes de comunidades originarias de toda la provincia y en articulación con legisladores de Jujuy. Señaló que la norma permitirá visibilizar lo que calificó como un "delito horroroso" —en referencia a las violencias denunciadas por las comunidades—, involucrando en su abordaje al Poder Judicial, Seguridad, Salud y Educación, y anunció la creación de un observatorio de la ley por 180 días, destinado a trabajar específicamente en el protocolo de intervención.

La intervención se leyó, en el recinto, como una respuesta directa a la exposición previa de Alicia Yurquina. Donde Yurquina había denunciado una "justicia monocultural" y prácticas de "disciplinamiento feudal" en las comisarías del interior, Mejías retomó el concepto de justicia restaurativa —ya mencionado por la Dra. Zunino y por la propia Yurquina— y lo reformuló como la "restauración de los derechos que está haciendo la provincia", desplazando el eje de la denuncia comunitaria hacia la gestión estatal. Reconoció que le "duele" la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, pero encuadró su respuesta en términos institucionales, destacando la inclusión de las nueve etnias reconocidas —y tres en proceso de reconocimiento— en las mesas interinstitucionales, y presentando la Ley Octorina como prueba de que las comunidades son "muy pero muy tenidas en cuenta", en un intento de neutralizar la denuncia de Yurquina sobre el "negacionismo de las diversidades culturales" por parte de los sucesivos gobiernos.

En conjunto, Mejías ocupó el lugar de un dique de contención institucional: reconoció las carencias y el dolor de los sectores vulnerados, pero centró su discurso en la voluntad política del Ejecutivo de reglamentar leyes y normalizar el Comité, pidiendo paciencia frente a procesos administrativos que ella misma calificó de complejos y "atravesados por la falta de recursos". Tras su salida, distintos comentarios registrados en el recinto interpretaron su intervención como un intento de diluir el rol de los organismos sociales en la formalidad burocrática.

13. La respuesta institucional: Ada Zunino

La Dra. Ada Zunino, Presidenta del Ministerio Público de la Defensa, orientó su intervención hacia la gestión y la apertura institucional. Anunció un plan de descentralización de la Defensa Pública, con nuevas delegaciones en Cachi y, en el departamento de Anta, en El Quebrachal o Joaquín V. González, para acercar el servicio a los ciudadanos del interior. Retomó la demanda de Alicia Yurquina sobre el derecho indígena, asumiendo la justicia restaurativa como paradigma del nuevo sistema acusatorio, y anunció jornadas de formación con la Universidad de Buenos Aires para agosto de 2026.

Explicó que financia parte del equipamiento informático con honorarios propios de la Defensa y que reorganizó estructuras de sueldos altos para reforzar la atención de primera instancia con jóvenes abogados. Frente a la denuncia de Pía Ceballos, puso a disposición de los familiares de Fernanda Arias una investigación gratuita y profunda, señalando que "cuando hay dudas, hay que despejarlas". Defendió, como principio general, que el trato digno hacia las personas detenidas es una necesidad social, ya que quienes hoy están privados de libertad eventualmente regresarán a la vida en comunidad. Finalmente, dio lugar al descargo del Defensor Salinas, pidiéndole que explicara su trato con las personas detenidas en Anta y la intervención de abogados particulares en algunos de los casos observados por el Comité.

En su alocución ante el Consejo Consultivo, la defensora general y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta, Aza Zunino, destacó la pluralidad de voces en el espacio [00:00, 01:05] y anunció un plan para descentralizar la defensa pública mediante la apertura de delegaciones en el interior de la provincia, comenzando por el municipio de Cachi [02:26, 02:52].
Entre las principales definiciones de su gestión, Zunino resaltó:

Justicia restaurativa e intercultural: Ponderó el paradigma de la justicia restaurativa e invitó a jornadas de capacitación con la UBA [04:16], comprometiéndose a dialogar con las comunidades originarias respetando sus tradiciones [05:10].
Garantía de derechos e investigaciones: Puso a disposición la defensa gratuita para la familia de Fernanda Arias [11:06] y reestructuró la Defensoría de Ejecución Penal [12:27] para agilizar los beneficios de progresividad de la pena [13:34, 15:06].
Prevención: Celebró que no se hayan registrado muertes por torturas o tratos crueles en personas privadas de libertad durante los últimos cuatro años [06:57].

14. El descargo del defensor: segunda intervención de Salinas

Habilitado por la Dra. Zunino, el Dr. Juan Manuel Salinas retomó la palabra para exponer su versión. Agradeció la oportunidad y volvió a señalar el trato desigual recibido al inicio del plenario. Destacó su identificación con la mirada "del interior" que trae la nueva Defensora General, distinta —dijo— de la que suele primar en la Capital.

Sobre la gestión en Anta, mencionó como avance la habilitación de un espacio en El Quebrachal, no una cárcel sino un viejo hospital adaptado para descomprimir mínimamente la situación de las personas detenidas. Reclamó una disculpa del Comité por la publicación en Página 12 que consideró basada en informes que, a su entender, "falseaban los hechos". Cuestionó la metodología del relevamiento del Comité por no distinguir entre personas con abogado particular y aquellas con defensa oficial, negó la falta de contacto con sus defendidos y la carencia de atención médica que se le atribuía, sosteniendo que él no puede "crear un hospital" ni "inventar certificados". Describió las condiciones de su tarea: es el único defensor penal para una población de casi 80.000 habitantes, en un territorio con distancias de 120 kilómetros entre puntos y sin establecimiento carcelario propio, debiendo litigar en Metán. Aclaró, guiado por Zunino, dos casos puntuales señalados por el Comité: una lesión reportada como ocurrida en comisaría que, según explicó, se originó en una pelea previa a la detención; y un cómputo de pena cuestionado, que atribuyó a una apelación en trámite y no a una negligencia de la defensa. Cerró pidiendo que, en futuros relevamientos, se dé lugar a un descargo antes de que se difundan públicamente conclusiones que puedan afectar la reputación de los funcionarios judiciales.

15. La mirada desde el territorio: Senadora Alejandra Navarro

La Senadora Alejandra Navarro, representante del departamento de Anta, describió la situación como una preocupación sostenida en el tiempo. Explicó que Anta no cuenta con unidad carcelaria propia, por lo que mantener personas detenidas en comisarías se ha vuelto, dijo, "lo usual" y "lo natural" en la región, a pesar de que esa no es la solución deseada. Señaló que el volumen de causas judiciales de Anta supera por lejos al de Metán y Rosario de la Frontera, circunscripciones de las que depende administrativamente, y planteó la necesidad de contar con un distrito judicial propio.

Relató que, junto al diputado Juan Pablo Cuellar y otros legisladores, viene solicitando la instalación de un módulo carcelario, para lo cual ya ofrecieron un predio disponible. Sobre El Quebrachal, describió una visita reciente en la que constató que solamente dos policías custodiaban a 80 personas detenidas, y advirtió que ampliar allí el lugar de detención alejaría aún más —unos 40 kilómetros— a los detenidos del sitio donde deben tramitarse sus procesos judiciales en Metán. Reconoció que construir una unidad carcelaria completa es, en el actual contexto económico, un objetivo "utópico", por lo que concentró su reclamo en la instalación de un módulo en Joaquín V. González y en la conformación de un distrito judicial propio para Anta. Cerró señalando que la situación de las mujeres detenidas en la región es "un capítulo aparte", de particular gravedad por la ausencia total de infraestructura específica.

16. Un compromiso legislativo: Senador Walter Cruz

El Senador Walter Cruz intervino brevemente para respaldar lo dicho por Alicia Yurquina sobre la situación de los pueblos originarios y para anunciar una gestión concreta. Señaló que, frente a las denuncias sobre falta de presupuesto y funcionamiento del Comité, su posición no es de "lástima" sino de "preocupación", y explicó que ya había instruido a sus asesores para que el Senado tratara, el jueves siguiente al plenario, una iniciativa vinculada a la regularización del organismo. Reconoció que, si bien el Poder Legislativo valora el trabajo del Comité, el Estado no está cumpliendo con algunas de las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento, y comprometió el acompañamiento del Senado a ese proceso.

17. El cierre: la palabra final de Fernando Pequeño Ragone

Al cerrar el encuentro, Fernando Pequeño Ragone agradeció la presencia de todos los participantes y pidió disculpas personales al Dr. Salinas si se había sentido agraviado, explicando que la filtración de información a los medios de comunicación no obedece a una intención de persecución, sino a que el Consejo Consultivo tiene, por su propia naturaleza, una forma de trabajo "más abierta" y "menos técnica y precisa" que la del Comité. Aclaró, además, que él mismo "no es doctor", diferenciando su lugar de representación civil y política del de quienes en el recinto habían hablado desde credenciales profesionales o jerarquías institucionales.

Agradeció especialmente a la Dra. Ada Zunino por su participación, y retomó su invitación a "ver el lado lleno del vaso", agregando que la democracia no se sostiene solo con balances positivos sino con una articulación permanente entre los gobiernos municipales, los legisladores y los operadores judiciales presentes en los territorios. Insistió en que el sentido último del Consejo Consultivo es reforzar y defender las instituciones democráticas representativas —y crear otras nuevas si es necesario— porque de eso se trata, dijo, "la evolución de los gobiernos representativos". Cerró recordando que lo que finalmente sostiene todo el sistema es la voz de la gente, de los votantes, y agradeciendo nuevamente a todos los presentes por haber participado del encuentro.

Conclusión: hacia un pacto institucional propio

El plenario del 27 de julio de 2026 fue, en el calendario del año, el tercer encuentro del Consejo Consultivo del CCCPTS, tras las sesiones de febrero y de mayo. Esa reiteración no es un detalle protocolar: expresa que, más allá de la crisis de quórum que atraviesa el Comité, el Consejo ha logrado sostener una periodicidad de trabajo que mantiene viva la discusión pública sobre la prevención de la tortura en la provincia, incorporando en cada encuentro nuevas voces —organizaciones de derechos humanos, pueblos originarios, colectivos de la diversidad, legisladores y operadores judiciales— y ampliando progresivamente su propia base de representación.

Ese recorrido de tres plenarios consecutivos ha ido decantando, además, en un objetivo que atraviesa de manera implícita buena parte de las intervenciones reseñadas: la necesidad de que el propio Consejo se dote de un reglamento orgánico, dictado por sus propios integrantes, que ordene su funcionamiento interno, sus modos de incorporación de nuevas organizaciones, sus mecanismos de convocatoria y sus reglas de trabajo con la prensa y la comunidad. Frente a un contexto en el que el Poder Ejecutivo demora los concursos, disputa la integración de los tribunales evaluadores y mantiene al Comité sin presupuesto propio, la construcción de ese reglamento aparece como un modo de que el Consejo Consultivo se garantice a sí mismo una regla de juego estable, que no dependa de la buena voluntad coyuntural de ningún actor externo.

Ese pacto institucional de funcionamiento adquiere sentido, también, en clave de política pública comparada: los mecanismos de prevención de la tortura fueron concebidos, a nivel internacional, como sistemas de control que combinan un cuerpo técnico independiente con instancias plurales de participación de la sociedad civil, tal como lo prevén los estándares del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura para los mecanismos nacionales y locales de prevención. Que el Consejo Consultivo de Salta avance hacia su propio reglamento orgánico —discutido y aprobado por sus propios integrantes, y no impuesto desde afuera— es, en ese sentido, un paso hacia la consolidación de un mecanismo local de prevención más sólido, más previsible y más en sintonía con ese diseño internacional: un mecanismo que pueda sostenerse en el tiempo, más allá de los vaivenes de cada gestión de gobierno, sobre la base de reglas que la propia comunidad institucional que lo integra se dio a sí misma.

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lunes, 27 de julio de 2026

El Consejo Consultivo en la Casa del Pueblo. Tercer plenario anual.

Introducción

Una sesión en la Legislatura: la sede como decisión política