El Informe Anual 2025: Derechos y Dignidad en Cárceles Salteñas documenta la gestión del CPT Salta y expone la crisis humanitaria del sistema de encierro provincial, estructurándose en cuatro ejes fundamentales que comienzan con la memoria institucional, donde se destaca la consolidación del organismo pese a la falta de autarquía financiera y un incremento del 72% en las actuaciones individuales por fallas en el acceso a la salud y la justicia. El segundo tópico aborda un sistema carcelario colapsado con una sobrepoblación real del 142,94% y un alarmante crecimiento del 37,94% en la tasa de encierro de mujeres desde 2022. Seguidamente, se analiza la educación en contextos de encierro, revelando una exclusión estructural donde el 73% de la población carcelaria no accede a programas formativos debido a la degradación edilicia y barreras disciplinarias. Finalmente, el informe proyecta las líneas de trabajo para 2026, priorizando la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, el seguimiento del habeas corpus colectivo para comisarías y la protección reforzada de grupos vulnerables como personas trans, integrantes de pueblos indígenas y mujeres con hijos a cargo.
A continuación, un resumen de los primeros cuatro capítulos
del Informe Anual 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la
Tortura de Salta (CPT Salta).
Capítulo 1: Memoria Institucional
Este capítulo detalla la consolidación del CPT Salta en
cumplimiento de la Ley N° 8024. Durante 2025, el organismo mantuvo su
conformación con los comisionados Rodrigo Solá, Ramón Corregidor, Cristina
Cobos y Andrés Giordamachi. Un eje central fue la denuncia de la falta de autarquía
financiera y la escasez de personal técnico, lo que obliga a los
comisionados a utilizar recursos propios para traslados y monitoreos.
En el área de monitoreo, se realizaron 36 visitas
a centros de detención, incluyendo unidades carcelarias, comisarías y
dispositivos de salud mental. Las actuaciones individuales crecieron un 72%
respecto a 2024, tramitándose 215 casos motivados principalmente por la
falta de acceso a la salud (25%) y a la justicia (21%).
En materia de acceso a la justicia, destaca el
impulso del habeas corpus colectivo por las condiciones en comisarías,
logrando acuerdos para clausurar dependencias en Tartagal y trasladar
condenados al sistema penitenciario. Además, se avanzó en el diseño del Registro
Provincial de Muertes Bajo Custodia bajo estándares nacionales. Finalmente,
el capítulo reseña actividades de formación y memoria, como los homenajes al
Dr. Miguel Ragone y a las víctimas de la Masacre de Palomitas.
Capítulo 2: Análisis General sobre la Situación de las
Personas Privadas de Libertad
El informe advierte que el sistema de encierro en Salta se
encuentra colapsado, con una sobrepoblación alarmante. Si bien la
capacidad "declarada" por el Servicio Penitenciario sugiere una
sobrepoblación del 36,03%, el CPT Salta calcula que la capacidad real
(basada en estándares de habitabilidad) eleva esta cifra al 142,94%, lo
que implica 2.317 personas excedidas en el cupo.
Un dato crítico es el aumento del 37,94% en la tasa de
encierro de mujeres desde 2022, frente a una leve reducción en varones. Los
monitoreos territoriales revelaron situaciones de gravedad extrema:
- Alcaidía
3 (Orán): Hacinamiento del 83%, personas durmiendo en el suelo y
presencia de plagas.
- Hospital
Ragone: Persistencia de un paradigma securitario sobre el sanitario en
el centro de medidas de seguridad.
- Comisarías
(Hipólito Yrigoyen): Celdas en total oscuridad, falta de colchones y
prisiones preventivas de más de dos años sin juicio.
- Pabellón
de Madres (UC N° 4): Infraestructura deficiente, presencia de alimañas
y falta de asistencia pediátrica especializada.
Capítulo 3: Temas de Interés en la Agenda del CPT Salta
Este capítulo se focaliza en la educación en contextos de
encierro, a partir de un convenio con el ICSOH-CONICET. El diagnóstico es
desolador: el 73% de la población carcelaria está excluida de cualquier
programa educativo.
Se identificaron nudos problemáticos como la degradación
edilicia de las aulas (humedad, filtraciones) y el uso de los espacios
escolares para requisas o cultos religiosos, lo que anula el clima académico.
Además, el régimen disciplinario actúa como barrera, ya que el Servicio
Penitenciario suspende arbitrariamente la asistencia a clases de los
sancionados sin notificar a los docentes.
Existe una marcada opacidad presupuestaria; los
docentes a menudo financian de su propio bolsillo los útiles y fotocopias ante
la falta de provisión estatal. El informe concluye con recomendaciones
urgentes, exigiendo la desagregación de partidas presupuestarias
específicas para educación en cárceles, un plan de obras para las unidades del
interior y la prohibición taxativa de interrumpir la educación por motivos
disciplinarios.
Capítulo 4: Líneas de Trabajo 2026
El CPT Salta define sus prioridades para el próximo periodo,
centradas en la erradicación de la tortura y la adecuación normativa.
Las metas incluyen:
- Reforma
Legislativa: Sustituir la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario N°
5639 por una con perspectiva de derechos humanos.
- Seguimiento
de Habeas Corpus: Consolidar la Mesa de Emergencia para aliviar el
hacinamiento y concretar el traslado de procesados y condenados fuera de
las comisarías.
- Grupos
Vulnerables: Profundizar la protección de personas trans, miembros de
pueblos indígenas (garantizando intérpretes) y personas adultas mayores.
- Maternidad
en Encierro: Impulsar medidas alternativas a la prisión para mujeres
embarazadas o con hijos a cargo.
- Emergencias
y Muertes: Implementar protocolos contra siniestros
(incendios/inundaciones) y consolidar el Registro de Muertes Bajo Custodia
para asegurar la rendición de cuentas.
- Modernización:
Digitalizar los sistemas de registro para mejorar la trazabilidad de las
denuncias y la transparencia institucional.
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